Frente a la expansión de la extrema derecha, especialmente en Argentina con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se vienen intensificando los debates que pretenden sustraer los derechos conquistados por las diversidades sexuales. España no es la excepción
Manuel Antonio Velandia Mora
La expansión de la derecha y ultraderecha ha encontrado un caldo de cultivo en el descontento social y económico global y lo están aprovechando. Eso se ha visto en Brasil, Argentina, Estados Unidos y ahora en España.
En el histórico caso Roe vs. Wade de 1973, la Corte Suprema dictaminó por siete votos a dos que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, esta misma Corte anuló ─junio, 2022─ la histórica sentencia. El juez, Clarence Thomas, junto a su voto instó al tribunal a valorar las sentencias Lawrence vs. Texas ─2003─, que legalizó en todo el país las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo; y Obergefell vs. Hodges ─2015─, que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario. Por suerte esto no fue avalado.
Preocupaciones significativas
Argentina se destaca como pionera en la promoción de los derechos de las personas LGBTQ, especialmente en América Latina. Desde 2010, ha logrado avances significativos, al ser el primer país en la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; la promulgación de la Ley de Identidad de Género en 2012, que permitió a las personas cambiar su género en documentos oficiales basándose en la autodeterminación, sin someterse a cirugías, terapias u otros requisitos invasivos o burocráticos, y atención médica integral; en 2015, levantó la prohibición de donar sangre a hombres gais y bisexuales; en 2020, Argentina legisló una cuota laboral trans que amplió sus oportunidades de empleo.
La elección de Javier Milei para la presidencia ha generado preocupaciones significativas para las personas de los sectores LGBTQ y sus derechos en dicho país. Milei comentó: “No estamos aquí para quitar derechos; estamos aquí para terminar con los privilegios (…) No sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Eso lo pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque solo. El Estado no le puede dar una cuota a alguien que pertenece a un grupo minoritario, porque el Estado lo pagamos todos”.
En España no escampa
En España, a partir de las reformas legales que impulsa Isabel Díaz Ayuso, referente importante del Partido Popular, PP, y presidenta de la Comunidad de Madrid, la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación ─Ley Trans─ y la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, ambas vigentes desde el 2016, fueron presentadas el 10 de noviembre pasado por vía de urgencia por el PP en la Asamblea de Madrid, donde tiene mayoría, y tendrán tratamiento en próximos días, demuestran el peligro para la democracia que significa el avance de la derecha y la ultraderecha.
Carla Antonelli, exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, actualmente miembro de Más Madrid, diputada y primera mujer trans en formar parte del parlamento español, recalca: “Hay un intento de expansión de la ultraderecha. En Argentina han encontrado un caldo de cultivo de descontento social y económico global y lo han aprovechado. Acá en España pensábamos que la ultraderecha nunca llegaría (…) entiendo que en Argentina, tampoco”.
Antonelli subrayó que “es la primera vez en la historia de España que se va a involucionar en materia de derechos LGTBI”. La diputada en la Asamblea de Madrid y senadora en las Cortes Generales expresó: “Si nos unimos se pueden derrotar”.
La diputada Antonelli ha tachado de “terrorismo hacia las personas trans” el actuar del PP y Vox en materia de derechos de los sectores LGTBI y haciendo referencia a los diputados de los dos partidos para recalcar que apoyando esta medida tendrán “las manos llenas de sangre”.
Por este mensaje directo expresado el 23 de noviembre, Enrique Ossorio presidente de la Asamblea de Madrid, le ha pedido que retire del diario de sesiones sus acusaciones hacia la derecha y la extrema derecha. Antonelli se ha negado al considerar que está en su derecho de defenderse y que con sus palabras lo que pretende es defender los derechos de “todo el colectivo”; recalcando, además, que “hoy se cuela” es “la dictadura de la transfobia y la LGTBIfobia”.
La senadora Carla respondió que votar esta “infamia” es votar a “cada insulto que recibimos, cada paliza, cada asesinato”.
En este mismo debate los representantes de los colectivos se desplazaron a la Asamblea para entregar más de cuarenta mil firmas reunidas con el apoyo de Amnistía Internacional; exigen que ni la ley 2/2016 ni la 3/2016 sean modificadas “en detrimento de los derechos humanos de las personas LGBTI y trans de la Comunidad de Madrid”.
¿Qué plantean las modificaciones?
Las modificaciones proponen un marcado interés por patologizar la identidad de género no-normativa, plantean exámenes de salud a menores que deseen iniciar un tratamiento de transición de género y deja abierta la posibilidad de que las personas puedan ser obligadas a someterse a valoraciones psiquiátricas para hacer sus transiciones, sugiriendo quitar de plano la prohibición de que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”.
Otro inminente peligro radica en su interés de suprimir el protocolo contra el acoso de personas de los sectores LGBTIQ+ en las escuelas, dando pie al ya muy dañino matoneo; también pretenden eliminar de todo el texto la palabra “trans” para cambiarla por transexuales, dejando fuera de la ley a todo el compendio de todas las identidades, entre ellas las personas no binaries; así como restando poder a la importancia que tiene la sensibilización y concientización en medios de comunicación masiva, la publicidad institucional o el Consejo de Participación LGBTQI+, un espacio dedicado a la inclusión desde la administración pública, entre otras cuestiones.
Un alto porcentaje de ciudadanos/æs se verían afectados en sus derechos en Madrid dado que se calcula que cerca de un millón es la población LGBTIQ+. Según un estudio de junio de este año de la empresa de investigación de mercado Ipsos, España es el segundo país en el ámbito mundial, luego de Brasil, con mayor porcentaje de población LGTBIQ+ ya que un 14 por ciento se reconoce dentro de este colectivo, mientras la media internacional es del 9 por ciento.
Memoria encarnada
Hay ciudadanías travestis y trans. Voces que no se reconocen legítimas. El trabajo sexual, ser habitante de la calle, el uso de substancias psicoactivas no son el destino buscado. Son el resultado de las estructuras sociales excluyentes. No somos todas/ᴔs iguales. Los feminismos no deben dejar a nadie atrás. Nuestro cuerpo es memoria encarnada. La mirada anti patriarcal es tan sólo un eje transversal, ser negre, indígena, mayor son también formas de opresión.
La presidenta de la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, Encarni Bonilla, también presentó una carpeta con miles de firmas. “Lo que queremos es evitar este despropósito. Lo tenemos complicado, la mayoría absoluta que tiene el PP les da la posibilidad de aprobarlo. Tampoco tenemos muchos medios, pero tenemos la razón de nuestra parte”, afirmó Bonilla, madre de un niño trans, frente a uno de los accesos al parlamento regional.
Ayuso ha defendido su proyecto de modificación asegurando que “no se deroga ni un solo derecho”.
