María Eugenia Londoño (*)
La violencia laboral en Colombia tiene una larga historia, ubicada en el marco del capitalismo y la implementación del modelo neoliberal durante varias décadas en el país, que ha cercenado los derechos laborales y humanos. Abarca diferentes formas de acoso y discriminación en el lugar de trabajo, y se define como toda conducta que obstaculiza el acceso al empleo y cree un ambiente hostil en el espacio laboral.
Esta violencia incluye diferentes formas de manifestarse como el acoso sexual, la discriminación por género, edad, raza o discapacidad, y el acoso psicológico. En Colombia, hay una amplia legislación con el propósito de prevenir y sancionar dichas conductas lesivas en el mundo del trabajo. Esta normatividad establece la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia laboral, encargados de prevenir y resolver conflictos relacionados con la violencia laboral que impacta notablemente en la salud y el bienestar, por cuanto tiene graves consecuencias para la salud mental y física de la clase trabajadora, incluyendo estrés, ansiedad y depresión, lo que afecta de forma diferencial a las mujeres.
Es importante destacar que la lucha contra la violencia laboral requiere un enfoque integral que involucre a empleadores, trabajadores y autoridades en la prevención y sanción de este tipo de conductas. Según estudios realizados, la violencia laboral afecta al 76% de las y los trabajadores en Colombia, en especial a los del sector privado, de grandes empresas cuyo objetivo es la acumulación de capital en detrimento de la condición laboral. Sin embargo, lo más preocupante son los altos niveles de informalidad y la baja tasa de sindicalización, que expone a las y los trabajadores/ras a una extrema vulnerabilidad y desprotección frente a la violencia laboral.
Entendiendo la importancia del valor del trabajo con sentido social, el gobierno del cambio ha propuesto la reforma laboral orientada a dignificar las condiciones de trabajo, buscando modificar parcialmente el código sustantivo del trabajo, la ley 50 de 1990 y la ley 789 del 2002, entre otras normas laborales, con el propósito de proteger el salario mínimo vital, que impacta a la gran mayoría de trabajadoras/res en el país, asegurando que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Así mismo, pretende la formalización del empleo para reducir la informalidad y proteger los derechos de las y los trabajadores, al igual que busca establecer mecanismos de protección ante la pérdida de empleo. La reforma laboral es fundamental para recuperar el trabajo digno y decente en Colombia, al igual que la protección a la maternidad y paternidad, mejorando la calidad de vida de las y los trabajadores colombianos.
Los sindicatos desempeñan una función fundamental en el equilibrio de las relaciones laborales y, en especial, en la erradicación de la violencia laboral. Desde FECODE luchamos por la dignificación de la carrera docente y promovemos una política de género e igualdad. Además, nos comprometemos a erradicar el acoso laboral y sexual en el ámbito educativo.
(*) Fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE
