Luis Jairo Ramírez H.
Al iniciar el gobierno del Pacto Histórico, el presidente Petro anunció la propuesta de Paz Total, con el fin de superar las causas que dieron origen al conflicto social y armado. Además, expresó su intención de retomar las negociaciones con el ELN, reconociendo su naturaleza política.
Hoy nos enfrentamos a una mutación en múltiples violencias. Este complejo escenario incluye, por un lado, a la guerrilla histórica del ELN y, por otro, a las facciones disidentes de los acuerdos pactados con las FARC en La Habana, que lindan entre la delgada línea de la rebeldía y los lucrativos negocios del narcotráfico y la minería ilegal.
Esta nueva realidad exhibe una enconada disputa armada entre estas organizaciones. Ellas han reducido su accionar al control territorial y, lamentablemente, a agredir comunidades indígenas y campesinas que no se someten a su autoridad.
La ambiciosa apuesta de paz del Gobierno ha enfrentado indudables tropiezos. No se observa una clara estrategia de paz, con un hilo conductor, que retroalimente y sincronice las distintas mesas de negociación, y que promueva simultáneamente una inversión social efectiva en los territorios e incluya alivios humanitarios para la población. Además, han surgido denuncias sobre operaciones de ciertas brigadas militares para dificultar las conversaciones y, recientemente, se ha sumado el incidente con el frente Comuneros del Sur.
A los desaciertos de la política de paz del Gobierno se agregan las dificultades con el ELN. Algunos analistas sugieren que las contradicciones internas del grupo respecto a la viabilidad del proceso llevan a dilatarlo y, de paso, a fortalecerse militarmente. Aunque las conversaciones arrojan importantes logros, se habla de 28 acuerdos, las persistentes violaciones al cese al fuego por parte del ELN y sus reiteradas excusas para decretar los “congelamientos”, instalan en la sociedad una creciente desconfianza hacia el proceso.
El secuestro y el asesinato de líderes sociales ─que se niegan a alinearse con las políticas del ELN, sobre todo en el Catatumbo, Arauca y el Cauca─, se hacen más recurrente. El reclutamiento masivo de niños y la extorsión agobiante a pequeños tenderos y parceleros, son preocupantes.
Hay una reacción generalizada de la opinión pública, no solo por el carro-bomba contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca; sino también por otros hechos que afectan gravemente a la población, como el paro armado y el doloroso confinamiento de comunidades en el Chocó. Igualmente, la serie de atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca no solo impacta la infraestructura petrolera y la economía popular, sino que también contamina los cuerpos de agua esenciales para las poblaciones aledañas, causando daños ambientales en los ecosistemas cercanos. Todo esto crea desencuentros con su propia base social.
Las partes deben replantear su enfoque para darle un nuevo aire a la paz.
