María Eugenia Londoño (*)
El próximo 27 de septiembre, el pueblo se movilizará nuevamente por la materialización de las reformas del cambio.
El pulso es contra las élites enquistadas en el legislativo y en las diferentes estructuras del Estado, las cuales, en ejercicio del verdadero poder económico, han decidido torpedear las reformas estructurales que permiten avanzar hacia condiciones de justicia económica, política y social. Esta situación exacerba y evidencia aún más las contradicciones de clase.
Durante el ejercicio del primer gobierno progresista del país, cuatro reformas saboteadas, un sin número de mentiras diarias para generar el descontento en la población y el saboteo económico permanente, gestan el camino de un lawfare que con el respaldo del pueblo no podrá materializarse, lo que nos deja en el camino inevitable de avanzar hacia la consolidación del poder popular como motor de la historia.
El Gobierno ha mostrado su gran compromiso con la materialización de la paz con justicia social, la equidad y el avance hacia la formulación de medidas económicas encaminadas a la autodeterminación. Estos principios se traducen en un conjunto de reformas que buscan abordar problemas sistémicos arraigados en la sociedad, como la desigualdad económica, la discriminación, la falta de acceso a la atención médica y la educación, así como la crisis climática. Estas reformas no son simples ajustes, sino esfuerzos sustanciales para cambiar la forma en que funciona la sociedad en beneficio de todo el pueblo.
Sin embargo, las pretensiones de la ultraderecha avanzan por medio de reformas privatizadoras y arrasadoras de los derechos. Es el caso del proyecto que pretende eliminar el derecho a la huelga del magisterio, protegido por la Constitución, y el proyecto de ley 192 del Centro Democrático (conocido como “Bonos escolares”), que promueve la desfinanciación de la educación pública y el favorecimiento de esta como un privilegio.
Esta experiencia se implementó en México, Estados Unidos y Chile, desmantelando el sistema educativo público, profundizando la brecha de la educación “para ricos” y “para pobres” y haciendo de la educación una mercancía susceptible de comercialización.
Al respecto el Gobierno nacional ha de avanzar con pasos seguros en la materialización de una reforma educativa que realmente mitigue la política neoliberal y las pretensiones de la derecha para con la educación.
Por eso, consideramos que la reforma estatutaria a la educación debe pausar su radicación y ampliar sus escenarios de debate y construcción colectiva, lo que pasa por materializar, en primera medida, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para lograr el cierre de las brechas históricamente denunciadas.
La marcha, la manifestación, la protesta, entre otras acciones de movilización en el Gobierno del cambio, no han de verse como amenazas, pues su propósito es materializar las reformas. Estas son el recordatorio de que el poder radica en el pueblo y que el gobierno está ahí para servir a sus intereses, lo que a su vez permite a este ajustar y mejorar sus políticas.
Esta relación dinámica entre el gobierno y la sociedad, es fundamental para asegurar que las reformas se ajusten a las necesidades propias de un pueblo que históricamente ha sido explotado, pauperizado e instrumentalizado por la élite capitalista del país.
Este 27 de septiembre a las calles por la materialización de las reformas, por la vida, la paz y por los derechos del pueblo colombiano.
(*) Fiscal de la Federación Colombiana de Educadores
