Claudia Flórez Sepúlveda
Estamos en un momento crítico en Colombia. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) busca desestabilizar y restarle legitimidad al gobierno. El 8 de octubre el CNE atentó contra el orden constitucional al abrir una investigación contra la campaña presidencial de 2022 y contra el presidente Gustavo Petro, acusando falsamente de violar los topes de financiación electoral.
Esta medida pretende afectar el mandato de Petro y fracturar la confianza en el proceso de cambio que lidera el gobierno. A pesar de los ataques mediáticos, la aceptación popular ha crecido según las encuestas recientes. Evidentemente estamos frente a un Golpe Blando con serias implicaciones jurídicas y políticas.
La decisión de la derecha es pasar a la ofensiva, expresado principalmente en: los ataques mediáticos a través de las campañas de desprestigio, que buscan instituir en el imaginario la idea de un gobierno fracasado; la persecución al movimiento popular, especialmente al sindical, como el allanamiento del que fue víctima FECODE, además de la persecución punitiva que busca judicializar, estigmatizar y perseguir, a uno de los sindicatos más fuertes del país, el cual ha estado comprometido en la defensa de las reformas sociales y el proceso de cambio.
La ofensiva jurídica encabezada por el CNE y el Consejo de Estado, que buscan llevar al Congreso de la Republica una acusación por “indignidad”, que debe ser aprobada en cámara y después llevada al Senado, donde la derecha tiene la mayoría de los senadores, intentará buscar la destitución de Gustavo Petro e imponer un presidente de bolsillo, ligado a sus intereses, posiblemente el actual presidente del Congreso.
Acusar a Petro por un supuesto “crimen de responsabilidad” es una maniobra política que vulnera su fuero constitucional y los derechos del constituyente primario: el pueblo que eligió su mandato. Estamos ante una amenaza de Golpe de Estado que requiere nuestra atención inmediata.
La ofensiva también busca debilitar a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica mediante sanciones que podrían llevar a la pérdida de sus personerías jurídicas, afectando su participación para la contienda electoral del 2026.
Frente a esta situación es fundamental fortalecer el apoyo popular al gobierno y a las reformas sociales, consolidar la unidad en el Pacto Histórico para enfrentar la arremetida de la derecha y potenciar las Coordinadoras Populares por el Cambio en todos los territorios, articulando al movimiento popular con el proceso de transformación.
Es necesario recuperar las iniciativas de acciones y de los repertorios de la movilización callejera, proyectando la jornada nacional del 23 de octubre como un acto masivo en respaldo al gobierno y en defensa de la democracia frente al intento de golpe.
La defensa del gobierno implica construir agendas de movilización local y nacional que fortalezcan la organización popular, sumando más conciencias a favor de una Colombia más justa. El momento exige actuar con firmeza y determinación para garantizar que el proceso de cambio continúe.
