El plan presentado por el Gobierno en la ONU es la ruta para que la paz pueda construirse en los territorios desde la superación de las causas del conflicto
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
El pasado 15 de octubre, representantes del Gobierno de Colombia presentaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un reporte sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz y expusieron la nueva estrategia para acelerar el proceso: el plan de choque. Recordemos que los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón tienen estatus de acuerdo internacional, lo que obliga al Estado colombiano a mantener informados a los miembros del Consejo, máxima instancia de la Organización.
El equipo estuvo conformado por el canciller, el ministro del Interior y el alto comisionado para la Paz, acompañados de un nutrido grupo de representantes de la sociedad civil como el delegado del partido Comunes, Diego Tovar. El grupo expuso la estrategia que busca dar un nuevo impulso a la implementación del Acuerdo, con especial énfasis en decisiones políticas que tengan un impacto positivo en los territorios.
El plan
Tras un informe halagador por parte del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien destacó los esfuerzos del actual Gobierno para profundizar la implementación del Acuerdo, el canciller Luis Gilberto Murillo explicó a los miembros del Consejo de Seguridad los componentes del plan de choque, que buscan fortalecer los aspectos más urgentes: obras, tierras y seguridad. El canciller Murillo insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz es la base de la política de Paz Total.
El plan se compone de seis puntos: primero, el establecimiento de pactos territoriales en las 16 zonas PDET, es decir, las zonas más afectadas por el conflicto, para adelantar obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo de los territorios. Estas obras serán definidas y ejecutadas en coordinación con las comunidades, quienes serán veedoras del buen uso de los recursos. Segundo, aceleración del proceso de adjudicación de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral.
Tercero, el impulso de una agenda legislativa que incluya la ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria, la reforma política, la reforma al sistema general de participaciones, la reglamentación de la protesta social y la ley que regula el tratamiento diferencial de los pequeños cultivadores de coca. Cuarto, una estrategia para fortalecer la seguridad de los firmantes de paz y de los líderes sociales, quienes siguen siendo las principales víctimas de la violencia en los territorios.
Quinto, un acuerdo político nacional con los partidos y las organizaciones sociales, que permita construir unos consensos mínimos que garanticen una estabilidad política, necesaria para la implementación de los acuerdos. Y sexto, una reorganización de las responsabilidades y la creación de una especie de “gabinete de paz”, es decir, se asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de coordinar a todos los actores institucionales que tienen relación con las políticas de implementación.
La pertinencia
Tras siete años de firmados los acuerdos de paz, lo cierto es que los resultados de la implementación han sido, por decir lo menos, lánguidos. A dos años del gobierno de Juan Manuel Santos, quien tuvo una gestión negligente y lenta, se sumaron los cuatro años de Iván Duque quien, mientras defendía en foros internacionales su compromiso con la reconciliación, en el país “hacía trizas la paz” saboteando de todas las formas posibles el proceso de implementación.
Por el contrario, desde 2022, el Gobierno del cambio se ha comprometido con la paz. Ha hecho esfuerzos por impulsar la Reforma Rural Integral con la entrega de más de 200.000 hectáreas a campesinos sin tierra y la formalización de más de un millón de hectáreas. También se ha cambiado el enfoque sobre el problema del narcotráfico y se ha dejado de perseguir al campesino cocalero para centrarse en incautar los alijos de droga ya procesada. Así, en palabras del propio presidente Petro, no se condena la supervivencia del proletariado del narcotráfico sino que se ataca la acumulación de capital por parte del narcotraficante.
Aunque continúan los asesinatos de firmantes de paz y líderes sociales, se percibe una disminución en los reportes de estos homicidios, así como las masacres. No obstante, la situación de seguridad en los territorios sigue siendo preocupante. Si bien al principio del Gobierno hubo una disminución en la intensidad de las confrontaciones, lo cierto es que en los últimos meses se ha registrado un incremento de las acciones violentas, en particular en regiones como el Cauca.
Por ello, es tan importante que el Gobierno defina y aplique una vigorosa política de implementación, bien coordinada y financiada, con especial énfasis en los territorios históricamente golpeados por el conflicto. En palabras del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, “el plan de choque representa un nuevo impulso para asegurar que la implementación avance de manera ágil y efectiva en los territorios más afectados por la violencia del conflicto armado”.
Las reacciones
Sorprende que mientras todos los miembros del Consejo de Seguridad, de forma unánime, aplaudieron la iniciativa del Gobierno de Colombia y se mostraron dispuestos a seguir cooperando, la derecha criolla apenas tomó nota del asunto y, si acaso, lo despachó con desdén. Los medios corporativos reportaron brevemente la noticia y, prácticamente, ninguno se ocupó de analizar el hecho.
Solo El Tiempo dedicó una triste nota titulada ¿Qué tan efectivo será el ‘plan de choque’ del gobierno Petro para acelerar la implementación del acuerdo con las extintas Farc?, donde entrevista a tres malquerientes del Acuerdo que se dedican a despotricar de la iniciativa porque llega tarde, dos años después de la posesión del presidente.
Lo cierto es que el plan de choque busca no solo acelerar la implementación del Acuerdo en sus aspectos más urgentes, sino convertirse en una hoja de ruta para que los posteriores gobiernos tengan unas coordenadas claras y una institucionalidad consolidada que les permita avanzar en la transformación de los territorios y la superación de la violencia.
En síntesis, el plan de choque busca ser una herramienta que permita superar los desafíos que el mismo canciller señaló en la sesión del Consejo de Seguridad: una deficiente estructura y limitadas capacidades institucionales, escasos recursos económicos y la persistencia de la violencia en los territorios. En ese contexto, nunca es tarde para definir una propuesta como esta que, a mediano plazo, contribuya al desarrollo regional y a la superación de las causas del conflicto, y a corto plazo salve vidas.
