Clara López Obregón
“Está tomando forma en EE. UU. una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza nuestra democracia”. Esta afirmación no es de un socialista, ni comunista, sino del presidente Joe Biden en su discurso de despedida. Su aseveración se refiere al lugar privilegiado que ocuparon los magnates de la tecnología y las comunicaciones en la posesión de Donald Trump.
A diferencia del pasado, los verdaderos dueños están tomando directamente las riendas en materia política. ¿Qué significa esta evolución del capital dominante para la conducción del mundo capitalista? Según Oxfam, en su informe anual sobre la concentración de la riqueza en vísperas de la Cumbre de Davos, Suiza, “en 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023” y “la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo”: siendo el 36% heredada y el 24% proveniente del clientelismo y la corrupción o vinculada al poder monopolístico.
¿Cuál es el secreto de esta acumulación exacerbada del capital? Académicos coinciden en que el poder político está en el centro de esta acumulación en que el uno por ciento de la población concentra el 45% de la riqueza mundial, porcentaje que va en ascenso. En efecto, lo que más incide en la concentración de la riqueza es la “codificación del capital” que se efectúa mediante la ley y las reglamentaciones que rigen el contrato, la apropiación de la tierra, la bancarrota, las garantías y demás instituciones creadas para garantizar la propiedad privada.
Quienes ostentan el poder para hacer las reglas establecen privilegios que se manifiestan en prelaciones y exclusiones de unos propietarios sobre otros en tratados, contratos, deudas, acciones, edificios y demás activos.
En diciembre se presentaron dos demandas de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) contra Colombia por parte del grupo español Keralty sobre la intervención de Sanitas EPS y Glencore ─su cuarta demanda─ respecto de inversiones en la extracción de carbón, amparadas en tratados de protección de inversiones con España y Suiza.
Los árbitros no tienen flexibilidad en la resolución del pleito. Poco o nada importan los intereses nacionales, la política social o el medio ambiente. Solamente vale el cálculo del valor presente del flujo de ingresos esperado al momento de hacer la inversión. Si el Estado cambia algo por razones de política social o protección ambiental, son dichos árbitros, en función de la codificación de los intereses de capital, quienes determinan si la compañía merece ser compensada por las utilidades esperadas que no se materializaron.
Ya no es la asunción de riesgos y la pericia del capitalista lo que determina los beneficios, sino los privilegios consagrados en las normas. La inexcusable concentración de riqueza que afecta al mundo no depende más de las reglas del mercado, sino del poder político para codificar en la ley y demás normas los privilegios del capital.
