Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
Saltan a la vista los contrastes entre el periodo del llamado estallido social y la campaña electoral que le siguió, y los primeros meses del gobierno del Pacto Histórico.
Esa suerte de rebelión popular que prendió simultáneamente en el centro y la periferia de los conglomerados urbanos, pero también en las áreas rurales, evidenció una convergencia entre una muchedumbre empobrecida, víctima del abandono y castigada con saña por la represión, con unas capas medias azotadas por la política económica del gobierno de Iván Duque que las lanzó a la protesta.
A diferencia del paro cívico nacional de 1977, el estallido social de ahora parece haber tenido una alta incidencia en el resultado electoral, sobre todo por la importante participación de los jóvenes y las mujeres. El ambiente entusiasta de la protesta se extendió a la campaña electoral, que presidió la decisión de hacer un Pacto Histórico que recogía programáticamente los elementos sensibles de la masa inconforme.
Los alfiles de la derecha: la Cabal, Zuluaga, Fico; incluso los candidatos del desteñido centro político; actuaron maltrechos durante la campaña, su discurso no encajaba en el ambiente político del momento, hasta el punto de que la derecha y el centro prácticamente terminaron postrados ante un esperpento que representaba la decadencia política y rehuía los debates.
El ejercicio de pasar de la resistencia a la alternativa, de la protesta al gobierno representa un reto enorme. Y lo es más, cuando quien llega a la dirección del gobierno no es un partido sino una pluralidad de fuerzas y movimientos políticos, que va desde la izquierda, pasa por sectores de centro e incluye a alfiles del establo tradicional, todos con egos alborotados y altas dosis de protagonismo.
Por su parte, ante la dispersión de la política tradicional, en los terrenos del régimen dominante parece que el mando lo hubieran tomado directamente los conglomerados económicos, a través de los gremios económicos y la prensa de su propiedad, que son quienes fungen con saña, como avanzadas en el debate político y la armadura de los entrampamientos mediáticos, que a veces ponen contra la pared al gobierno alternativo.
Es el capital en persona quien enfrenta los proyectos de reforma; acuden a la violencia verbal para defender su vetusto modelo de salud, los recursos y las EPS; se enfrentan a la reforma laboral y abogan sin disimulo por mantener el trabajo esclavo y el desconocimiento de derechos laborales, so pretexto de la quiebra empresarial. El régimen dominante hecha mano de todo su poder para mantener el control del Estado y sus privilegios.
Estos pocos meses de gobierno popular debe servir para sacar las primeras lecciones. La coherencia del equipo de gobierno debe ser una hoja de ruta. Dos crisis ministeriales en ocho meses no envían un buen mensaje a la población. La comunicación entre el presidente y sus ministros debe reflejar la vitalidad y eficacia del gobierno; la ejecución presupuestal de los ministerios para aliviar las grandes carencias sociales es un imperativo diario. Las fisuras en la bancada parlamentaria del cambio retrasan y trastocan los resultados que espera la gente. Parece que falta combinar mejor la dinámica legislativa con el trabajo con las comunidades, los trabajadores, las universidades, el agro.
Los afanes golpistas del régimen hacen una prioridad masificar la formación política y que deba prepararse mejor la movilización social permanente.
