Chevige González Marcó*
El hecho es una colocación de una mina que hizo estallar en mil pedazos el diálogo en Venezuela; Citgo es considerada la sexta empresa de refinación de petróleo más grande en los Estados Unidos, la cual fue adquirida por Petróleos de Venezuela, Pdvsa, entre los años 1986 y 1990. Desde el Norte se pretendía garantizar el suministro constante de crudo, bajo el paradigma de Venezuela como simple suministrador “confiable y seguro” de materia prima, con el lazo de la dominación.
Mucho se debatió con la llegada de Hugo Chávez al gobierno sobre la pertinencia o no de mantener la posesión de Citgo. El hecho es que una suma de “trampas” de la historia convirtió a la empresa, propiedad de los venezolanos, en un rehén de la política estadounidense para el chantaje y la imposición.
Primero, Washington decidió colocarla arbitraria e ilegalmente bajo la administración del ficticio “gobierno” de Juan Guaidó en 2019. Luego, hacerla víctima de una compleja maraña de litigios, mediante los cuales presuntos acreedores pujan por descuartizar a Citgo. Y más recientemente, el 1 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, –de Estados Unidos– autorizó la liquidación de recursos del consorcio de refinerías. Con ello, no solo concreta la agresión a un bien del pueblo venezolano, sino que también “legaliza” su saqueo.
Además de dejar a Citgo en manos del rapiñaje, la OFAC, organismo dependiente del Departamento de Estado estadounidense, emitió una prohibición para impedir a las instituciones del Estado venezolano realizar cualquier transacción que involucre a Citgo.
No se puede pasar por alto que, durante la presunta administración de Guaidó no hubo claridad alguna sobre el destino de las ganancias de la empresa; si de algo usted puede estar por seguro es que ni un dólar de Citgo llegó a las arcas del Estado venezolano.
La puñalada casi definitiva, para arrebatar a Venezuela la propiedad de la empresa, ocurrió tan solo unos días después de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que impulsa el presidente colombiano Gustavo Petro.
Cuando al fin parecía abrirse una nueva brecha, para que las negociaciones con soberanía tuvieran una ventana de posibilidades, Washington respondió con otro golpe; no importó el acuerdo de los gobiernos de más de 20 países al que llegaron en la reunión de Bogotá para que se desanudara el conflicto venezolano.
Como si no bastase, Estados Unidos aprobó recientemente la entrega de 347 millones de dólares, propiedad del pueblo venezolano, a Dinorah Figuera. Si no la conocen lo comprendo, se trata de una señora que lidera otra ficción jurídica y política, es la presunta “presidenta” de la Asamblea Nacional (parlamento) que culminó funciones en el año 2020.
No cabe duda que, desde Estados Unidos, la puja continúa siendo no solo por la imposición política, sino por continuar castigando al pueblo de Venezuela, principal víctima de las sanciones y del bloqueo financiero. El gobierno de Joe Biden no dejó ni reposar la agenda de Bogotá para seguir sembrando minas a la resolución del conflicto.
Ante un campo minado es necesario que se avance en la despolarización del diálogo y que todas las expresiones de la sociedad venezolana lo asuman, tal como lo ha planteado en la iniciativa del presidente Petro con sentimiento de hermandad y respeto a la soberanía.
*Desde Caracas, especial para VOZ.
