Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
Se sabe que en Perú seis expresidentes han sido procesados judicialmente por crímenes de lesa humanidad y corrupción; pero en Colombia la impunidad campea.
En los diálogos de La Habana se pensó que deberían ser llamados a la JEP algunos expresidentes, generales de las Fuerzas Armadas y empresarios, por sus responsabilidades en crímenes de Estado; pero el presidente Santos, en una actitud de lambonería con Uribe, prefirió mantener incólume ese rango maloliente de “los intocables del poder”. Por lo visto, también la dirigencia de Ecopetrol está cómodamente instalada en esa élite de los “intocables”, por eso evade rendir cuentas una y otra vez por sus actos.
Hace unos días la revista Cambio relató que alias ‘Otoniel’ afirmó ante la JEP que “hombres de su estructura se movían en helicópteros de Ecopetrol, empresa a la que le prestaban servicio de seguridad”. La petrolera estatal se limitó a decir que “no tenía helicópteros”, pero que sí los contrata.
Entre 1980 y 2005 se produjeron los hechos más violentos en la historia de la Unión Sindical Obrera, USO, que van desde 126 dirigentes y activistas asesinados; la desaparición forzada, secuestros, torturas, atentados, detenciones arbitrarias, exilio, destierro y allanamientos ilegales; por su magnitud y sistematicidad, se pueden catalogar de crímenes de lesa humanidad. Hay múltiples evidencias que involucran a Ecopetrol en estos hechos.
El Programa de Seguridad Industrial, PRI, encargado de proteger la infraestructura de Ecopetrol, designaba como jefes de seguridad a exmiembros de las fuerzas militares, formados en la doctrina contrainsurgente. En la década de 1990, se vieron involucrados en actos como la masacre paramilitar del 16 de mayo de 1998, cuando el subjefe de seguridad de Ecopetrol, excapitán del Ejército, José Eduardo González, fue el que facilitó dentro de las instalaciones de Ecopetrol, junto a la inteligencia del Estado, las reuniones de los paramilitares que posteriormente cometerían la masacre.
Igualmente es conocida la oscura trama criminal en Tibú, Norte de Santander, protagonizada por Jorge Armando Montaño, jefe de Control de Ecopetrol, el ingeniero Juan Carlos Chamorro y Fernando Contreras apodado “el tailandés”, que pusieron vehículos y el campo petrolero al servicio de los paramilitares, para fraguar desde allí sus crímenes, entre ellos los de William Wallens y Santiago Mendoza, dos trabajadores petroleros. Pregunta: ¿Las instancias superiores de Ecopetrol no se dieron cuenta?
Un caso relevante es la participación del PRI en el robo multimillonario de combustible que realizaban los paramilitares para su financiación, fenómeno que fue recurrente en el mismo periodo y que inexplicablemente la justicia ha pasado de agache.
El periodista Alberto Donadío reveló información sobre la supuesta contratación, durante el gobierno Barco, de un espía israelí que habría aconsejado “eliminar” a miembros de la UP. La versión indica que Barco le habría dado la instrucción a Juan José Turbay, entonces miembro de la junta directiva de Ecopetrol, para que autorizara el pago de los honorarios del espía Rafi Eitan. El “comunicado” de Ecopetrol deja más dudas que claridades al respecto.
Es evidente que la estatal es beneficiaria de un manto de impunidad por el aparato judicial. No ha sido vinculada a las investigaciones por acción u omisión de los 126 sindicalistas asesinados, otros hechos contra comunidades, o por la utilización de su infraestructura en la planeación de crímenes de lesa humanidad. ¿Se atreverá a hacer público su informe de carácter “clasificado” a la Comisión de la Verdad?
