Clara López Obregón
Desde antes de elecciones, ya había fuerzas conspirando para impedir que se posesionara. Un intercambio público de mensajes entre el presidente electo y el expresidente Uribe dejó sin aire a los “conspiretas” que no han cejado en su intentona.
La revista inglesa The Economist, en su análisis prospectivo, diciembre de 2023, planteó: “hay quienes creen que es poco probable que el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente abiertamente izquierdista de ese país, dure hasta el final de su mandato en 2026.” En un medio de alto nivel y un prestigio que proteger, es claro que no se trata de un chisme sino de una deducción informada.
Esta primera clave muestra en las altas esferas que buscan la salida de Petro. Dirigentes de la oposición como que entre aplausos en un evento de conspiretas en Medellín orientó: “el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años”; o del “Jamás me iré… porque dejaré muchísimos Zapateiro en la institución” del excomandante del Ejército. Son los síntomas de una corriente que busca el quiebre institucional porque no aceptan el viraje en las políticas pública.
Segunda clave, el método del lawfare o guerra jurídica que han utilizado los conspiretas en los países de América Latina donde ha triunfado el progresismo. Como los golpes de Estado están desprestigiados, la nueva usanza es mimetizar con apariencias jurídicas el atentado contra la democracia y la Constitución. Con golpes parlamentarios y maniobras de dudosa factura jurídica sacaron de la presidencia a Hugo Chávez en Venezuela, pero el pueblo lo devolvió; Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay; Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú.
Como dato relevante, el caso de Zelaya tuvo su origen en la violación del fuero presidencial. Ahora le toca el turno a Gustavo Petro. Sin duda, la prensa ha prestado su colaboración para que se pueda consumar el engaño con visos de legalidad.
Tercera clave, Los medios de comunicación del establecimiento, propiedad de los grandes capitales, dan la pauta para interpretar las maniobras que encubren las reales intenciones de los protagonistas. Las justifican como complejos casos de interpretación jurídica, aunque algunos comentaristas, María Isabel Rueda, entre ellos, señalan la torpeza del CNE por haberle “servido en bandeja” a Petro lo que se viene fraguando.
La última, en coro, oposición, medios y conspiretas, abiertos y encubiertos, buscan justificar y trivializar la investigación abierta con formulación de cargos del CNE al presidente de la República, esto es de extrema gravedad. Se ha roto, con el beneplácito de los poderes fácticos y la ausencia de la solidaridad institucional debida, la protección constitucional de la institución presidencial. No es entonces exageración, afirmar con el presidente Petro: “Ha comenzado el golpe de Estado.”
