Monopolizar la vida

0
508

Claudia Flórez Sepúlveda

Históricamente las comunidades campesinas en Colombia han demostrado su capacidad de resistencia y creatividad en la lucha por la conquista de una reforma rural que solucione el poco acceso a la tierra, la imposición de la violencia y el despojo del que han sido víctimas. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos de turno ha sido la imposición de acciones legales e ilegales, de instituir políticas y normas que han llevado a la mayoría de las comunidades de los territorios rulares a la pauperización de sus condiciones de vida.

Pero estos no son los únicos problemas. Uno de los temas claves se relaciona con la soberanía alimentaria. El modelo adoptado por los gobernantes en la última etapa gira fundamentalmente sobre la política de los Tratados de Libre Comercio, TLC, lo cual ha afectado al país y a las comunidades de los territorios rurales.

Una de las condiciones impuestas a Colombia para la firma del TLC con Estados Unidos se centró en el uso de semillas transgénicas. La resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, prohibió a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes guardar semillas no “certificadas”. Este atropello se disfrazó en el imaginario de que esta alianza traería múltiples beneficios, inversión, y acceso a la economía más grande del mundo.

Los gobiernos de Uribe y Santos aceptaron estas condiciones y como consecuencia quedamos sometidos a que las empresas trasnacionales impusieran las semillas, un negocio que los ha beneficiado, ya que para producirlas es preciso adquirir todo el paquete de insumos químicos que ellos comercializan.

Según Naciones Unidas, el mercado de las semillas en el mundo está controlado por sólo cuatro grandes compañías agroquímicas, Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que suministran el 60% y a la vez dominan el mercado de los insumos y de los plaguicidas.

Sin lugar a duda, la resolución 970 significó arrebatar el derecho ancestral de las comunidades campesinas e indígenas, así como a las futuras generaciones de alimentarse y preservar la biodiversidad de las semillas nativas, obligándolas a comprar semillas cada vez que hicieran siembra y judicializando a los que no cumplieran la norma.

Toneladas de semillas fueron destruidas ante los ojos del campesinado, los agricultores fueron perseguidos y acusados de incumplir una norma que solo beneficiaba a las trasnacionales y hacia cada vez más ardua la acción de producir comida.

La lucha se volvió a dar en las calles, en los territorios y en los tribunales. La sentencia 501 del 2014 de la Corte Constitucional abrió el camino para que se derogara semejante atropello. El ICA sacó entonces la resolución 3168 del 2015 y han seguido algunas reglamentaciones que de fondo no resuelven el problema relacionado con lo que se asume como “certificación”.

Es importante que el Gobierno del cambio recoja las experiencias, conocimientos, y las semillas criollas y nativas, que son patrimonio biocultural de la Nación. Uno de los caminos para fortalecer la soberanía alimentaria se encuentra relacionado con la salvaguarda del potencial que representa la agro diversidad en nuestros territorios, lo que conlleva a proteger las semillas y su uso.

La estrategia debe enfocarse en implementar los intercambios de saberes populares, reconociendo a las comunidades de los territorios rurales y a sus organizaciones, que junto con la academia puedan diseñar políticas públicas que proyecten la vida, la agricultura familiar, campesina y comunitaria, bajo sistemas productivos realmente sostenibles que preservan la naturaleza.