María Eugenia Londoño
Por décadas, el magisterio ha enfrentado la crisis del sistema de salud con interminables barreras hacia lo que debía ser un derecho garantizado y se convirtió en una atención indigna, poniendo en riesgo la vida de los maestros, maestras y sus familias. En abril de 2024, tras años de lucha y negociación, el Gobierno Nacional y FECODE lograron un consenso histórico para transformar el sistema de salud del magisterio.
Se diseñó un modelo que garantizara el acceso digno y oportuno a la salud, permitiendo la libre elección de prestadores y priorizando la atención integral basada en la prevención y el bienestar. También se establecieron enfoques diferenciales para garantizar el derecho a la salud sin discriminaciones ni barreras. Un camino y paso firme hacia la justicia social.
Sin embargo, lo que en el papel representaba una revolución en el acceso a la salud, en la realidad se ha convertido en un campo de batalla donde algunos actores impiden su consolidación. La Fiduciaria La Previsora, entidad encargada de administrar los recursos y garantizar la estabilidad del modelo, ha demostrado una inaceptable inoperancia. Lejos de encabezar una transición ordenada, ha mantenido las mismas prácticas del pasado, generando incertidumbre y obstaculizando el derecho de los docentes a recibir una atención digna.
Esta negligencia no es casualidad. Hay sectores que se benefician de la inestabilidad y que ven en este modelo una amenaza a sus intereses económicos. Quienes se lucraban con la intermediación financiera y la integración vertical del antiguo sistema, han puesto trabas a la implementación de esta reforma. Se han resistido a perder el control sobre un negocio multimillonario, sin importarles el sufrimiento de los docentes y sus familias. No es coincidencia que, pese a contar con recursos suficientes y con un mandato claro, la fiduciaria siga fallando en garantizar una transición adecuada. ¿cuánto de este fracaso es incompetencia y cuánto es estrategia?
Frente a este panorama, el Consejo Directivo del FOMAG ha tomado medidas urgentes para salvar el modelo y garantizar su consolidación. Se aprobó un plan de contingencia que incluye la reestructuración de la red de servicios, la implementación de tarifas justas y el fortalecimiento de la auditoría para evitar fugas de recursos.
La experiencia nos ha enseñado que, sin presión social y sindical, estos cambios podrían quedar en letra muerta. La lucha de FECODE por una salud digna no ha terminado y no puede ceder ante los intereses de quienes ven en la enfermedad y la burocracia un negocio. Es fundamental que los sindicatos, las veedurías y cada maestro exijan el cumplimiento del acuerdo y denuncien cualquier intento de saboteo.
El nuevo modelo de salud del magisterio es una conquista histórica, pero su implementación no puede quedar en manos de quienes buscan perpetuar el caos. La salud del magisterio y sus familias no es un privilegio ni una concesión, es un derecho que debe garantizarse con acciones concretas. La lucha sigue, porque un maestro sano es un país con futuro.
