Pietro Lora Alarcón
Si hay una palabra a la cual la derecha colombiana teme es legitimidad. O sea, el concepto que le otorga validez a las acciones de un gobernante, confianza a un proyecto político y autoridad para generar transformaciones. De eso ella no sabe.
En Colombia la victoria del Pacto Histórico fue legitimada por la rebelión popular contra lo más reaccionario del país. Por eso, hoy defender las propuestas para un cambio que representa avanzar a una sociedad justa, es una tarea también legítima y necesaria.
Ese rasgo de legitimidad popular es incontestable porque venció la cruda represión desatada desde el Estado, resistió y luego fue canalizado para una victoria que dejó a la clase dominante sin chances de implementar la táctica de Trump, Bolsonaro y otros perdedores, de contestar inmediatamente el resultado electoral. La tarea de minar la legitimidad del presidente fue postergada.
Desde entonces, el gobierno del Pacto ha soportado el boicot administrativo y las componendas de la derecha para obstaculizar la tramitación ágil de los proyectos en el Congreso.
En lo internacional Petro rápidamente se convirtió en una figura admirada, pero al mismo tiempo incómoda para la derecha regional. En la última Asamblea de las Naciones Unidas conectó el tema de la transición energética a la bioeconomía y al hambre, introduciendo una visión crítica, junto al presidente de Brasil Lula da Silva y otros gobernantes, sobre la responsabilidad del gran capital en el problema. El 8 de agosto, en la Cumbre de Belén do Pará, Colombia y Brasil encabezan un abanico de propuestas discutidas en Leticia sobre el desarrollo sostenible de la Amazonía, que no son propiamente las recetas del agronegocio y el extractivismo salvaje impuesto por el capital extranjero.
Por otro lado, en un año se alteró el sentido geopolítico regional. La apertura de relaciones con Venezuela y la búsqueda de una salida política, cuestionando las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, y la participación en el diálogo de presidentes CELAC-UE en julio en Bruselas, contrasta con la política de hostigamiento permanente realizada anteriormente desde Colombia, generando la animadversión de los agentes de la guerra.
En un país históricamente de terrorismo estatal y “falsos positivos”, un gobierno apostando decididamente a la Paz Total, proyectando una cultura de responsabilidad democrática, juntando trabajadores y empresarios para privilegiar la protección social y aumentar el salario real, cuya bancada se la juega para proponer derechos para estudiantes y jubilados, es un gobierno que gana en autoridad y capacidad con legitimidad, una característica que tiene que ser difundida y visibilizada para transformarse en resistencia organizada ante los enemigos del cambio.
La guerra híbrida de la clase dominante está allí, combinando linchamiento moral y manipulación de opiniones, especulando para debilitar la autoridad política del gobierno, promoviendo la superioridad de órganos fiscales que trabajan selectivamente, interpretando la ley a su acomodo e intereses, intentando inhabilitar partidos y criminalizar movimientos; afirmando que geopolíticamente el país está mal conducido y que seremos parias o enemigos de los poderosos del planeta, como si ser amigo de ellos hubiera representado algo diferente del saqueo y la guerra.
La derecha se mantiene anunciando el apocalipsis, el caos y la fatalidad. Defender el cambio significa unidad, osadía y foco en los propósitos del programa. Es una tarea legítima porque este proceso es un gobierno legítimo y fruto del rebelde pueblo, soberano y popular.
