Ana María Cepeda
El momento inédito de la política colombiana demanda del mayor compromiso de transformación social hacia la consolidación de la justicia económica, política y social.
De tal forma, la educación como reflejo de las estructuras de poder y las relaciones económicas de la sociedad, que han servido históricamente para perpetuar la desigualdad y mantener el sistema de clases dominantes, ha sido diseñada para formar a los individuos en función de las necesidades del mercado laboral y el modelo de acumulación, logrando así mano de obra dócil y acrítica, que refuerza la ideología dominante, inculcando valores y creencias que justifican la explotación y la desigualdad.
En este sentido, el sistema educativo en el marco del Gobierno del cambio, en lugar de mantenerse como un instrumento de opresión, deberá convertirse en una herramienta para la emancipación, lo que implica un enfoque hacia la educación crítica, que promueva la comprensión de las estructuras de poder, fomente la conciencia de clase, abogue por el empoderamiento de los estudiantes para cuestionar el sistema existente y así trabajar hacia un cambio social.
La reforma estructural al sistema educativo en Colombia debe trascender los debates economicistas y la implementación de categorías propias del neoliberalismo como calidad, eficiencia, eficacia, competencias, entre otros que limitan e ignoran el necesario debate pedagógico; esto pasa por comprender el modelo de nación que se pretende, promoviendo igualdad de acceso a la educación, sin que esta se precie de ser un privilegio para pocos, en ello es indispensable eliminar las desigualdades sociales y las brechas de acceso.
La educación ha de propender por la implementación de enfoques pedagógicos que reconozcan el territorio, su devenir cultural y que a partir de ello, determinen las categorías de desarrollo científico, para garantizar, en palabras del profesor Renan Vega, una educación digna, con garantía de las condiciones materiales que requieren las comunidades educativas y con muy buen nivel investigativo, donde se fomente la conciencia respecto de la lucha de clases, la desigualdad de género y la justicia ambiental, el pensamiento crítico y la conciencia social, donde se promueva la exploración de las estructuras de poder y las desigualdades en la enseñanza, así como la discusión abierta sobre cuestiones económicas y sociales.
Sin duda, las estructuras hegemónicas y de poder habrán de oponerse a dicha reforma educativa, argumentando adoctrinamiento, entre otros. Es por ello que urge fortalecer el ejercicio de movilización en favor de las reformas estructurales, contrarrestar los proyectos de privatización presentados por la derecha, cada vez más agresiva, como en el caso del P.L. 192 presentado por Paloma Valencia para la implementación de los bonos escolares o el proyecto de ley presentado por la señora María Fernanda Cabal que pretende limitar el ejercicio de movilización y lucha del magisterio.
La reforma estatutaria a la educación es hasta el momento, un campo fértil para el debate y la exploración. La teoría marxista plantea preguntas fundamentales sobre el propósito y la naturaleza de la educación en una sociedad, por lo que resulta un indispensable a considerar en las variables pedagógicas de la reforma, dado que su enfoque en la conciencia crítica y la emancipación es de gran relevancia.
La educación, cuando se aborda desde una perspectiva marxista, se convierte en una herramienta para cuestionar el statu quo, fomentar la reflexión profunda y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
