Miguel Ángel Beltrán Villegas (*)
Santiago Villota, David Bernal y Juan Diego Rangel, son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en las sedes de Medellín, Palmira y Bogotá, respectivamente. Hoy estos tres universitarios se encuentran privados de la libertad en diferentes cárceles del país. En el momento de su captura fueron presentados por los medios de comunicación masiva como peligrosos terroristas, vándalos y hasta delincuentes sociales, posteriormente condenados por delitos que no cometieron.
A Santiago, estudiante de ingeniería forestal, se le imputó fabricación, tráfico y porte de explosivos; a David Bernal, estudiante de ingeniería agrícola, se le vinculó procesalmente por los delitos de terrorismo y rebelión, y a Juan Diego Rangel, estudiante de trabajo social, por microtráfico.
En realidad, se trata de tres jóvenes provenientes de sectores populares que han sido perseguidos por su liderazgo y por ejercer el pensamiento crítico. Ellos participaron activamente en las movilizaciones desde el 2019, incluyendo el “estallido social” del 2021. Sus procesos constituyen un claro ejemplo de cómo el aparato judicial y, consecuentemente, la cárcel ha sido utilizada de manera sistemática para silenciar a universitarios y universitarias que piensan de manera diferente y se han comprometido con procesos de transformación social.
Las movilizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores que se han desarrollado en los dos últimos meses, han permitido visibilizar la situación de estos tres integrantes de la comunidad universitaria, que hoy no solamente se encuentran privados de la libertad, sino también excluidos del derecho a la educación, ya que la mismas directivas de la universidad se han negado a brindarle la posibilidad que continúen sus estudios, con el falaz argumento que las clases son presenciales, o interponiendo numerosos obstáculos para no hacer efectivo dicho derecho.
La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta que en el pasado a tres docentes del departamento de Sociología, Nubia Ruíz Ruíz, Rosembert Ariza Santamaría y Miguel Ángel Beltrán Villegas, la Universidad Nacional les abrió un proceso disciplinario por impartir sus seminarios en modalidad presencial y remota a Julián Gil y César Barrera, dos estudiantes de maestría que se encontraban detenidos en La Picota de Bogotá y que, posteriormente, recuperaron su libertad por no existir pruebas que los inculparan en los hechos que les fueron imputados.
Consideramos que este actuar del primer centro universitario del país no puede proseguir; y que en la actual coyuntura donde la comunidad universitaria se ha manifestado contundentemente por un proceso constituyente que posibilite una real y efectiva participación de sus diferentes estamentos en sus procesos de gobierno y dirección, se garantice el derecho a la educación a los/las estudiantes que son víctimas de la represión estatal.
Como dice la consigna que venimos impulsando desde la campaña por la libertad del artista y educador popular Juan Diego Rangel: “No más persecución extrajudicial e inoperancia institucional dentro del campus de la Universidad Nacional”.
* Profesor, Universidad Nacional y ex-preso político
