Nixon Padilla
En debate de comisión del Concejo de Bogotá fue aprobado el Proyecto de Acuerdo Sergio Urrego, el cual, ha sido presentado por los cabildantes estudiantiles, y tiene como propósito dotar las instituciones educativas del Distrito de instrumentos para combatir la discriminación, el acoso y los prejuicios debido a la orientación sexual e identidades de géneros diversas de los estudiantes.
Este avance en la discusión normativa tiene, al menos, tres aspectos relevantes: lo primero para señalar, es que estudiantes entre 16 y 18 años tomaron la iniciativa de hacer uso de un instrumento institucionalizado, tales como los cabildantes estudiantiles, para incidir ante las autoridades distritales, con el objetivo de demandar protección de sus derechos en las aulas.
Asimismo, enfrentar la actitud condescendiente de la administración distrital y de algunos concejales que les dieron tratamiento de “minoría de edad”, que alababan la buena intención, pero que no creían en la capacidad de la muchachada, fue un inmenso reto.
No obstante, su real dimensión se expresó no solo en la sólida argumentación que demostraron tener, sino también en la capacidad política de integrar a su gestión normativa a concejales y concejalas de distintas vertientes en favor de su propósito. Así pues, la bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá se comprometió a fondo en el apoyo a los cabildantes estudiantiles.
Un segundo aspecto para destacar es que, una vez ganado el respeto de las y los concejales y viendo el impacto que el proyecto generó en distintos sectores sociales, los y las concejalas vinculados a sectores del fanatismo religioso de distintos partidos, iniciaron un plan de estigmatización del proyecto de acuerdo, promoviendo de manera agresiva mensajes de odio contra la iniciativa estudiantil y sus proponentes.
Nuevamente enarbolaron la idea de la “ideología de género” y de que se quiere llevar a la escuela un plan para sexualizar a los niños y niñas. El comportamiento de estos sectores, en línea con el movimiento mundial anti-derechos, constituyeron un aberrante acoso a los cabildantes estudiantiles. Esto no hizo otra cosa que fortalecer la voluntad de los y las estudiantes y de las redes de apoyo que construyeron.
Y un tercer elemento, se reafirma que los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ se han convertido en objeto de intercambio político en las corporaciones públicas.
Las bancadas de fundamentalistas religiosos, de distintas vertientes políticas, a pesar de no ser mayorías en esas corporaciones, se convierten en votos valiosos para la aprobación de iniciativas de gobiernos municipales y departamentales, chantajeándolos para que en los proyectos que presenten no se haga alusión directa a la población LGBTIQ+, se disuelva en formulaciones elusivas al incluirlas en conceptos como “poblaciones vulnerables”. Esta situación se va a exacerbar en la medida en que se aproximan las elecciones al Congreso y presidenciales.
En medio de este panorama, refresca mucho que jóvenes estudiantes tomen la delantera en una carrera de largo aliento en defensa de sus derechos.
