El secuestro del agua

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Aída Avella
@AidaAvellaE

Visitamos La Guajira en múltiples ocasiones y no vamos a las oficinas oficiales, sino que hablamos con la gente. Recorremos los municipios del departamento, vamos a las rancherías, reservas campesinas y las comunidades afro y hasta encontramos tierras productivas para sembrar frutas.

Por eso duele que el 53% de la población viva en miseria, el 81% de los pobladores tiene necesidades básicas insatisfecha y el 92% no tienen acueducto. Denunciamos obras sin terminar como la Laguna de Oxidación entre Riohacha y Paraguachón. La Guajira tiene ausencia de colegios, así como de docentes wayuu. La enseñanza de la niñez indígena se da bajo los árboles, sin pupitres, sin el PAE, sin nada. Solicitamos la intervención del Ministerio de Educación, del ICBF, de la superintendencia de servicios públicos.

Citamos tres audiencias públicas entre el 2020 y 2021, sobre Crisis Sanitaria de La Guajira en medio del covid-19; sobre los problemas de servicios públicos, especialmente agua y electricidad; y sobre la situación de pobreza y hambre. Y volvemos a citar a un debate de control político por el más grave de sus problemas: el agua que se encuentra secuestrada.

El río Ranchería y su represa, actualmente tiene 198 millones de metros cúbicos de agua, y puede abastecer a un millón habitantes guajiros. ¿Dónde está el dinero de las regalías? Pareciera que ha sido una política de Estado y de los gobernantes que la plata se pierda, especialmente la del agua.

El total del Sistema General de Participaciones para el departamento de La Guajira de las vigencias 2018 a 2021, es de cuatro billones setecientos cincuenta y siete mil millones de pesos. De ellos los recursos empleados en agua potable para las mismas vigencias ascienden a la suma de doscientos setenta y siete mil millones de pesos aproximadamente, según lo publicado en la página del Sicodis del Departamento Nacional de Planeación.

La sentencia T302 del 2017 de la Corte Constitucional entuteló los derechos de la población wayuu, y reclamó de parte de las autoridades nacionales planes estratégicos para el suministro de agua.

La Alta Consejería para las Regiones lleva cinco años planificando la ejecución de la sentencia y no han logrado la implementación de un plan estratégico, ni ha mejorado significativamente la calidad de vida de la población wayuu. Los errores saltan a la vista en las respuestas entregadas por la Alta Consejería para el debate.

El agua de La Guajira también la secuestra la minería arrasadora. El Arroyo Bruno está ubicado entre Albania y Maicao, y es fuente de la reserva natural de Los Montes de Oca. En 2016 fue desviado en cuatro kilómetros a pedido de la empresa multinacional minera Cerrejón para ampliar la explotación de carbón. Hoy su cauce natural es dinamitado, causando afectaciones a la infraestructura de los habitantes cercanos. Cerca de 35 comunidades wayuu y afro guajiras dependían del arroyo.

El “desarrollo” no puede atentar contra la vida, el agua no puede ser un privilegio para el carbón mientras la niñez de La Guajira muere de hambre o padece desnutrición. Cuando hablamos de cambio no es para seguir denunciando problemas sino para entregar soluciones a la gente.

Para Gustavo Petro y Francia Márquez la prioridad es liberar el agua de La Guajira, entregársela a su gente y darle un golpe a la corrupción de ese departamento. Es nuestro compromiso como Pacto Histórico.