Kevin Siza Iglesias
@KevinSizaI
La prolongación en el tiempo de los conflictos armados conduce a su degradación, máxime cuando los fusiles se imponen ante la política. Los Acuerdos de Paz de 2016 suscritos entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano pusieron punto final al ciclo de la lucha armada en el país, marcando un momento de inflexión en la trayectoria del conflicto social, político y armado, en el que persiste uno de sus históricos protagonistas, el ELN, y emergen nuevos actores, modalidades y teatros de operaciones.
La intensificación del conflicto armado en el Catatumbo, a partir de la ofensiva de tierra arrasada del ELN, no sólo es repudiable por el agravamiento de la situación humanitaria para sus pobladores, caracterizada hoy por confinamientos generalizados, desplazamientos masivos, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos de dirigentes populares, sino también por las consecuencias políticas que lleva aparejada, en un año preelectoral decisivo para el proceso de cambios en Colombia.
En primer lugar, alimenta las narrativas de las derechas sobre la “pérdida” de la seguridad y el control del Estado sobre amplios territorios en el actual Gobierno, ante lo que sólo cabría una solución militar al conflicto interno; abre un nuevo momento de crisis de la política de Estado de Paz Total, dejando en entredicho la pertinencia y viabilidad de la solución política y negociada con el ELN y su voluntad real para lograr acuerdos y, finalmente, las justificaciones irracionales de estas operaciones por parte de sus mandos, los aíslan cada vez más de la sociedad colombiana, logrando el repudio generalizado de la ciudadanía que anhela mayoritariamente la paz.
El escalamiento de la guerra en el Catatumbo por parte de ELN no sólo tiene que ver con una disputa por el control territorial y de las rutas de las economías ilegales sostenida con el Frente 33 del EMB, sino, sobre todo, por su errónea caracterización del momento político de cambios que transita Colombia, que no reconoce, y sobre el Gobierno con el que hasta unos días dialogaba, al que equipara equivocadamente con gobiernos anteriores.
La suspensión de su mesa de diálogos es un duro revés en la búsqueda de la paz, pero representa un freno de mano a conductas incoherentes que el Gobierno nacional y la mayoría de la sociedad no están dispuestas a tolerar. Rectificar, implica compromisos que incorporen un cese multilateral al fuego y las hostilidades contra la población civil, el respeto a los DD. HH., al derecho internacional humanitario y el fin del terror que se pretende imponer como norma.
Es prioritario impulsar la movilización popular nacional e internacional en solidaridad con el pueblo del Catatumbo, insistiendo en que la solución política y negociada es la única salida posible para lograr la paz integral, sin simulación ni dobles agendas.
