La explotación más grande a cielo abierto en Colombia sigue vulnerando los derechos fundamentales de la comunidad Wayúu, el agua y la soberanía alimentaria. El sindicato sigue en la lucha por sus derechos laborales
Valentina Bolaño Senior
La mega mina de cielo abierto se asienta sobre más de 700 kilómetros cuadrados en La Guajira. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ─CAJAR─, Carbones Cerrejón Limited es uno de los mayores destructores de hábitat en Latinoamérica “esta mega explotación impacta de manera directa a una población de más de 300 mil personas, en una extensión de 200 kilómetros, incluyendo los municipios de Fonseca, Barrancas, Hato nuevo, Albania, Uribia y Maicao en el departamento de La Guajira”.
Se vuelve completamente preocupante la situación de la nula respuesta de la compañía a cuidar los derechos fundamentales y el hábitat en el departamento, puesto que “utiliza 24 millones de litros de agua al día (…), además son los mayores contaminadores de agua de la región, pues no sólo desvían y utilizan una enorme cantidad de arroyos y afluentes, sino que los devuelven contaminados con metales pesados, químicos y sedimentos”, explica el CAJAR en su análisis de Diez verdades sobre Carbones de Cerrejón.
El arroyo Bruno
Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 28, enviaron un contundente mensaje a los presentes. “Esta no es una conferencia sobre el clima para pusilánimes, los gobiernos de todo el mundo deben presentarse en los Emiratos Árabes Unidos preparados para transmitir un mensaje claro de que una acción climática ambiciosa requiere una participación significativa de voces independientes”, dijo Richard Pearshouse, director de la división de medio ambiente de Human Rights Watch.
Asimismo, las organizaciones exigieron el cumplimiento por parte de Carbones del Cerrejón al fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que ordena suspender la manipulación del agua dulce del Arroyo Bruno.
En 2017, la Corte emitió como medida provisional la suspensión para realizar el desvío del Arroyo Bruno, pues en medio de la sentencia SU 698 de 2017 se “reconoció la amenaza y violación de los derechos fundamentales como al agua, la salud y la soberanía alimentaria, con ocasión a este desvío”, argumenta el CAJAR, que junto con el CINEP y CENSAT acompañaron a las comunidades a interponer la tutela.
La compañía ha informado, por medio de publicidad y comunicados, que sienten una incertidumbre frente al futuro de manera social, financiera y política. Para Rodier Bermúdez, secretario de comunicaciones de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón, no hay ninguna incertidumbre pues “en lo social, las comunidades exigen que se respeten sus derechos; en lo financiero, El Cerrejón ha tenido las ganancias más altas en su historia, pues, desde que pasó la pandemia e inició la guerra de Rusia y Ucrania, el valor mineral se disparó y sus ganancias han sido exageradamente altas; y en el tema político, no hay ninguna incertidumbre, ya que el presidente de la República ha manifestado que todas las empresas del sector minero que tengan vigencia, se respetarán, y el Cerrejón tiene su contrato con el Estado hasta el 2034”.
El presidente en su discurso en la COP28 afirmó que América Latina y África son fundamentales para el avance de las energías limpias y descarbonización en el mundo. Así propuso una transformación energética donde haya recursos renovables amigables con el medio ambiente: “Colombia no firma más contratos de exploración de petróleo, carbón o gas; ha eliminado los subsidios de la gasolina, va a prohibir el fracking en su territorio”.
Por su parte, el Arroyo Bruno sigue siendo objeto de discusiones entre las comunidades y carbones Cerrejón Limited, aunque la empresa haya detenido la explotación del área, el cauce natural del arroyo ya no existe, porque ya lo habían desviado para el proceso de extracción mineral.
Esto genera un traumatismo de los derechos humanos de las comunidades Wayúus, que conviven cerca al arroyo, ya que afecta la soberanía alimentaria de las personas. También, el CAJAR en su documento Diez verdades sobre Carbones de Cerrejón exponen que la mega mina ha sido condenada por lo menos cuatro veces por los tribunales judiciales, pues “omitieron deliberadamente la realización del derecho fundamental a la Consulta Previa”.
La sed y el desplazamiento
La sed se sigue padeciendo en La Guajira y El Cerrejón ignora todas las órdenes de respetar los derechos fundamentales de las comunidades Wayúus.
Asimismo, se nota el desplazamiento forzado en las comunidades, la comunidad de Tabaco presentó una acción de tutela en la Corte Suprema de Justicia que emitió una sentencia en la que estableció la reubicación de la comunidad. Según el CAJAR, después de veinte años el fallo no ha sido acatado.
Por tal razón, la población presentó otra tutela a la Corte Constitucional, que emitió sentencia T- 329 de 2017. “Estableció que se debían amparar los derechos vulnerados a la comunidad y señaló el caso como Desplazamiento inducido por el desarrollo. Del mismo modo, ordenó la reubicación de la comunidad con un plazo de cinco meses a partir de la notificación de la sentencia. A 2022, cinco años después, tampoco se ha acatado este fallo” argumenta el CAJAR.
Convención colectiva de trabajo
Ahora bien, Sintracarbón ha tenido diversas convenciones colectivas de trabajo con El Cerrejón, la última finalizó el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, por tal razón, el sindicato volvió a tener la oportunidad de escoger a los negociadores que estarán en las conversaciones con la compañía, con el objetivo de defender sus derechos laborales.
“Es un proceso democrático que tenemos desde Sintracarbón para escoger a los representantes, donde salen doce preseleccionados, por consiguiente, se hace una asamblea de delegados conformada por miembros que tienen estatutariamente un valor importante y escogen a seis compañeros por votación popular” explica Rodier Benítez, secretario de comunicaciones del sindicato.
El sindicato ha presentado un pliego de peticiones a la compañía y al Ministerio de Trabajo, donde abren el espacio de debate. “Buscamos garantías para las personas en la mesa y todos los trabajadores, buscamos el fuero circunstancial que tiene el objetivo de no ser despedido sin justa causa”, comenta el secretario de comunicaciones.
Así pues, El Cerrejón ha presentado una primera oferta que no reúne las condiciones ni las necesidades de los trabajadores. “Dijimos inmediatamente que no, pues se nota que tratan de jugar con la mente y la necesidad de los trabajadores. Estamos firmes en nuestra decisión de negar la oferta, y estamos preparando una contrapropuesta”, dice el dirigente sindical.
Se espera que haya un consenso en los primeros veinte días calendario, si no lo hay, prorrogarán veinte días más, si definitivamente no llegan a un acuerdo, ejercerán su derecho a la huelga.
