Magnolia Agudelo Velásquez
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina con “una población económicamente activa de más de 24 millones de trabajadoras y trabajadores, una tasa de ocupación de 22 millones, una informalidad del 58% y una tasa de desempleo nacional del 10.6%, (mujeres 13,3% – hombres 8,7% agosto 2022)”, según el DANE.
Esta situación se convierte en el mayor desafío para el gobierno del cambio. Es por ello que materializar la Constitución, promover el pleno empleo y hacer realidad el Estado social de derecho constituye uno de los principales retos para dar cumplimiento a los tres pilares del gobierno: Justicia social, ambiental y paz total. “Se requiere cambiar la manera como nos relacionamos en el mundo laboral, con el fin de saldar la deuda histórica con las y los trabajadores”, como afirma la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos.
En esta perspectiva, la dignificación del mundo del trabajo también tiene que ver con la ratificación de los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Son acciones prioritarias para el gobierno del cambio la ratificación de los Convenios 190 sobre acoso y violencia en el trabajo, el 149 y el 156 sobre la no discriminación por razones de género, el convenio 141 de las organizaciones sindicales rurales y el 183 sobre la protección de la maternidad, entre otros.
La agenda del pacto por el trabajo digno tiene que ver con la estabilidad laboral, condiciones dignas de las y los trabajadores, las personas migrantes y la protección a las representaciones de la clase trabajadora.
Estos esfuerzos deben confluir en la movilización social para apalancar la voluntad política manifiesta por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para llevar a cabo las reformas con enfoque de género y diferencial: tributaria, política, laboral, y un estatuto del trabajo acorde a las necesidades del mundo en el siglo XXI, que permitan fortalecer al movimiento sindical, superar la brecha salarial, fortalecer la presencia de las mujeres, reconocimiento de la economía del cuidado y dignificación del trabajo remunerado y no remunerado.
Será importante también promover la paridad y la participación de las mujeres en cargos directivos en los sindicatos, la articulación de los escenarios de diálogo y concertación del trabajo formal, de la economía campesina y popular, caracterizar la situación de las mujeres y promover la garantía de sus derechos en las nuevas modalidades de trabajo mediadas por plataformas virtuales.
Además, habrá alianzas y estímulos para el sector público–privado y empresas que garanticen la equidad salarial y promoción de empleo para mujeres, especialmente a las víctimas del conflicto armado y de la violencia de género.
Así mismo, fortalecer el acceso de las mujeres a la formación profesional integral y reconocimiento de saberes, rompiendo estereotipos y roles de género instaurados en diversos campos de saberes y oficios.
Se busca también garantizar iniciativas orientadas al primer empleo y al empleo rural, de tal forma que se logre mitigar el desempleo, que golpea aún más a las mujeres y la población joven.
Estos objetivos hacen parte de la agenda del Ministerio del Trabajo y coadyuvan a los retos de país. Propuestas que, sin duda, se nutrirán con la participación masiva de las trabajadoras, trabajadores y sectores populares en los Diálogos Regionales Vinculantes como parte de la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
