Clara López Obregón (**)
En una célebre entrevista al New York Times, Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, contestó la pregunta sobre la lucha de clases diciendo: “claro que existe y la estamos ganando nosotros, la clase capitalista”. De igual forma, y no desvinculado de lo anterior, a quienes minimizan la denuncia del jefe de Estado sobre un rompimiento institucional es necesario responder que el golpe blando para sacar al presidente Petro de la Presidencia sí existe, pero las fuerzas democráticas no lo van a permitir.
En sus pronósticos para 2024, la prestigiosa revista internacional The Economist hizo una afirmación alarmante: “En Colombia, algunos creen que es poco probable que el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente abiertamente izquierdista de ese país dure hasta el final de su mandato en 2026”. Tratándose de una revista especializada en análisis político y económico con enfoque ortodoxo neoliberal, se puede concluir que las fuentes consultadas para esa nota provienen del más acendrado establecimiento y que, por su reconocida seriedad editorial, no se trata de fake news.
Quienes en los sectores de poder creen que Petro no llega al final de su mandato no solo piensan con el deseo, sino que actúan para hacerlo realidad. El fiscal general sigue los pasos del juez Moro, que sacó a Lula da Silva de la contienda electoral, cuando las encuestas lo daban como ganador frente a Jair Bolsonaro, mediante proceso amañado, anulado por el Tribunal Supremo de Brasil.
No es la primera vez que “conspiretas” se plantean reversar elecciones populares con métodos espurios. En América Latina, Colombia incluida, hay demasiada evidencia de que la ambientación mediática de una desinstitucionalización provocada constituye una práctica con libreto incluido que ya ha afectado a una decena de presidencias progresistas.
En efecto, la mitad de los mandatarios progresistas, elegidos democráticamente desde los años noventa del siglo pasado en América Latina, han sido objeto de las tácticas del lawfare: Chávez en Venezuela, Zelaya en Honduras, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Rousseff en Brasil, Morales en Bolivia, Samper en Colombia y Castillo en Perú. En proceso están los casos de Arévalo en Guatemala y Petro en Colombia. Ahora se pretende aplicar al presidente Petro la misma desviación de justicia para intentar impedir que culmine su mandato.
Hemos sido testigos de un fiscal general que llevó a su vicefiscal a Estados Unidos buscando apoyo para quedarse en el cargo en cuerpo ajeno. Ese fiscal ha politizado al máximo sus funciones fungiendo como agente de la oposición al presidente. También se ha extralimitado en sus funciones en busca de criminalizar una donación legal del sindicato de los maestros, FECODE, al partido del presidente, con la clara intención de configurar ingresos y gastos superiores a los permitidos para las campañas presidenciales y así anular la elección.
La presión mediática y la oposición magnifican con escandalosas “revelaciones” que describen lo legal como ilegal con la intención de llevar al presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde quienes lo adversan tienen la mayoría.
Claro que hay una ruptura institucional en pleno desarrollo como lo reveló en diciembre The Economist. Hace bien el jefe de Estado en alertar a la opinión pública nacional e internacional sobre el intento en marcha de tumbarlo y en convocar al pueblo a defender las instituciones de semejante desafuero.
(**) Senadora del Pacto Histórico
