Marcela Rico Sosa (*)
Se cumplieron ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz pactado en La Habana. El balance, si bien encuentra importantes hechos positivos, no es completamente satisfactorio para quienes le apostamos a la paz con justicia social como proyecto político y ético.
Los seis puntos pactados representan una visión completa y estructural de país que, solo de manera integral, generarán las transformaciones necesarias para que la paz sea estable y duradera. El primero de estos puntos es la solución política, que permita transitar hacia otras formas de relaciones políticas que no se basen en la violencia y el exterminio, sino que valoren la diferencia como un elemento enriquecedor de la democracia, no como una amenaza, sino como una cualidad de la sociedad diversa que somos.
No es solamente deponer las armas, sino abrir los espacios de decisión para que lleguen allí las voces hasta ahora silenciadas, y sentar las bases de una democracia más sólida a partir de condiciones justas para la participación ciudadana y de todas las expresiones políticas, desarrollando el concepto de seguridad humana para afrontar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de quienes construyen paz.
Durante estos ocho años, el cumplimiento de las y los firmantes del Acuerdo ha sido reconocido nacional e internacionalmente. La inmensa mayoría de hombres y mujeres de las extintas FARC-EP seguimos cumpliendo los compromisos adquiridos, sin embargo, aún no se materializan las garantías de seguridad y, a la fecha, se cuentan 438 firmantes asesinados.
El Congreso de la República no ha aprobado la reforma política que define la financiación estatal de las campañas, la reforma al Consejo Nacional Electoral, la inclusión a partir de listas paritarias y cremallera y otras reglas que permitan que la disputa por las ideas sea en igualdad de condiciones.
El gobierno del cambio ha avanzado de manera significativa en materia de acceso a tierras, fortalecimiento y ampliación de Zonas de Reserva Campesina, la Jurisdicción Agraria, reencause de los PDET y reconocimiento de instancias creadas para impulsar la implementación como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, CSIVI. Sin embargo, son muchos los desafíos que tenemos en asuntos estratégicos como sustitución de cultivos, reincorporación integral, garantías de seguridad, concreción de los enfoques de género y étnico. Falta mayor articulación y coordinación institucional.
Celebramos los avances, pero también señalamos los rezagos y dificultades. Esperamos que, en lo que resta de este gobierno, concretemos la voluntad política en acciones contundentes que evidencien el enorme contenido transformador del Acuerdo y que impidan que los futuros gobiernos desconozcan el compromiso del Estado con la paz. La paz es la apuesta política que nos une. Nuestro compromiso con ella sigue firme.
