José Ramón Llanos H.
Si hay algo que define al gobierno de Gustavo Petro, con precisión y claridad, es la necesidad y la voluntad de agenciar los cambios que la desigualdad social de Colombia requiere. La naturaleza de esos cambios también está identificada: la reforma agraria, la entrega de tierra a los campesinos minifundistas condenados al malvivir con sus familias. Pero no basta con entregarle la tierra, es necesario que se le den los recursos financieros para que adquieran los insumos necesarios para explotarla, con la asesoría de ingenieros agrónomos y agrícolas, veterinarios y zootecnistas.
Además, la orientación para estimular su asociación mediante la creación de cooperativas que hagan posible la mayor productividad y comercialicen sus productos, con lo que se abastecerían los mercados urbanos y rurales a precios equitativos. De esa forma, se combate la inflación y se hace llegar a las empresas industriales procesadoras las materias primas producidas por los agricultores y, por tanto, se dinamiza la industria.
Por otra parte, también es necesario aprobar las reformas que cursan en el Congreso de la República, tales como la pensional, la reforma laboral, la de la salud. Después de su aprobación se impone implementarlas para que, efectivamente, sus beneficios lleguen a los colombianos que requieren ver reflejados en su vida cotidiana las mejoras prometidas.
¿Y allí deben terminar los cambios? No. Se debe hacer un balance ministerio por ministerio y, en aquellos cuya ejecución o realización de sus obras no lleguen siquiera al 30 por ciento de sus tareas posibles, deben ser removidos sus ministros y viceministros, sin contemplaciones, por no estar a la altura de las ejecuciones para los cambios que el programa del Pacto Histórico prometió a los colombianos que votaron por esas reformas.
Tengamos en cuenta que solamente los cambios que se obtengan con la aprobación en el Senado de los proyectos de reforma pensional, laboral y de la salud solo nos permitirán elegir otro presidente de El Pacto Histórico si y solo si los cambios se ejecutan rápidamente. De esta manera, impedimos uno de los objetivos del golpe blando: volver al gobierno en el 2026 la oligarquía que durante 196 años impuso iniquidad y miseria en la mayoría de los colombianos y concentración de la opulencia en la minoría usufructuaria de los gajes del poder.
El presidente Gustavo Petro debe estar presto a prescindir de todos aquellos funcionarios que no están a la altura del compromiso aceptado por el primer gobierno democrático y reformador que ha habido en nuestro país. Apartar a todos aquellos que por incapacidad o negligencia no trabajen con eficacia y gran disciplina para gobernar en función de las tareas que exige el momento, de remover todas las barreras que obstaculizan sembrar democracia y equidad en nuestro territorio nacional; se debe dar oportunidad a otros más capaces y decididos a cumplir con las reformas y con el desplazamiento de la oligarquía mezquina para que ocupe el lugar que merece: la muerte política y las canecas del olvido.
Como exclama el caribeño, ¡los cambios no respetan pinta!