Gabriel Becerra Yáñez
El pasado 27 de agosto se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta iniciativa hace parte del cumplimiento del primer punto del Acuerdo Final de Paz. Su objetivo es establecer mecanismos ágiles y eficaces para la conciliación y resolución de conflictos, promoviendo así las condiciones de bienestar para la población rural, además de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.
Es importante señalar que, al finalizar el 2023, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 03 de 2023 que incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución. Este Acto Legislativo, cuya aprobación lideramos en la Cámara de Representantes como uno de los coordinadores ponentes, no solo establece la creación de una Jurisdicción Agraria, sino que también estableció explícitamente la obligación de expedir, en la siguiente legislatura, las leyes necesarias para establecer su estructura, funcionamiento, competencias y procedimientos.
Como consecuencia de lo anterior, en 2023-2024, se radicaron dos proyectos de Ley para cumplir con el mandato constitucional. El primero fue el Proyecto de Ley Estatutaria que establece la estructura de la Jurisdicción, el cual se aprobó en el Congreso y espera su revisión automática por parte de la Corte Constitucional para poder ser Ley.
El segundo proyecto, una Ley ordinaria que determinaría el funcionamiento, competencias y procedimientos que emplearía dicha jurisdicción, no pudo ser aprobado en la legislatura pasada, a pesar de que se alcanzó a desarrollar una enmienda que recogía observaciones presentadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como de algunos congresistas y miembros de la sociedad civil.
La Jurisdicción Agraria es hoy una realidad en el ordenamiento jurídico colombiano y la aprobación de la ley ordinaria es apenas la consecuencia lógica y necesaria para su funcionamiento, además de ser un compromiso adquirido por el Congreso, de conformidad con el Acto Legislativo que dispuso su creación.
El proyecto de Ley se enfrenta a mentiras y confusiones creadas para impedir su aprobación, tales como que permite la expropiación express o que incluso es un proyecto innecesario e inconveniente para el país. No obstante, lo que realmente preocupa a algunos grupos de poder es la implementación de los principios sustanciales y procesales que contiene el proyecto, cuyo objetivo es promover una justicia real y efectiva en el campo.
Esta justicia sin duda protegerá a las partes más vulnerables, prestando especial atención a los sujetos de protección constitucional. Las organizaciones campesinas y agrarias deben hacer de esta Jurisdicción una herramienta formal y legislativa, que fortalezca sus luchas por la tierra, la verdad y la justicia. Los cambios avanzan y el pueblo no se detiene en su lucha.
