Diana Carolina Alfonso
El 13 de noviembre la Cámara de Casación de la Argentina condenó a la ex presidenta y ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en los cargos públicos.
El fallo contra la ex mandataria se enmarca en una persecución histórica del poder judicial contra el peronismo, azuzada por las corporaciones financieras y mediáticas. Desde los años 50 hasta 1983, aquel entronque oligárquico ejecutó la proscripción del peronismo.
La huella patriarcal de esa violencia clasista se reflejó con el secuestro del cadáver de Eva Duarte de Perón. Su cuerpo, cual botín de la guerra patriarcal contra el pueblo peronista, fue raptado, violado, e incluso expuesto a las macumbas de militares y policías.
También a Cristina la quisieron un cadáver pedagogizante. En 2022 la familia Caputo, ex ministros de Mauricio Macri y jefes de cartera de Milei, se involucraron con la organización neonazi Revolución Federal, responsable del intento de magnicidio contra Cristina. Hasta el momento el poder judicial no ha juzgado a ningún responsable intelectual del atentado.
La cacería contra Fernández de Kirchner se desató ferozmente justo tras su viudez en 2010. Mientras los jueces le abrían causas corriendo al llamado de operaciones mediáticas como “La Ruta del Dinero K”, la prensa inventaba amantes, ridiculizaba su duelo sexualizándola y llenaba los tabloides con apodos ruines como “la yegua”.
El fallo de la Cámara de Casación establece que Fernández favoreció al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. El proceso fue abierto en el gobierno de Mauricio Macri, cerebro de todas las operaciones contra Fernández.
No obstante, fue el propio perito contratado por la administración Macri quien desvirtuó cualquier sobrecosto o desvío de las credenciales para la contratación de la obra pública.
Más que como presidente, cuál dueño de un plantel de fútbol, Macri designó a los jueces y fiscales de la causa contra Cristina. El fiscal Luciani y los jueces Mario Llorens y Giménez Uriburu jugaban en el equipo amateur Liverpool, y compartían torneos deportivos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.
Además de la afición del fútbol, Macri y el poder judicial comparten el interés de eliminar a “esa mujer”. Interés que coincide con las corporaciones mediáticas. Uno de los jueces más conocidos del golpe judicial contra Fernández es Julian Ercolini; el mismo que en 2022 saltó a la fama luego de comprobarse que organizó un encuentro en una propiedad patagónica del magnate inglés y amigo de Macri, Joe Lewis. Al encuentro conocido como “viaje lawfare” asistieron jueces, miembros de la inteligencia local y estadounidense, y empresarios del multimedio Clarín.
Si bien el golpe contra la lideresa debe entenderse como un revanchismo empresarial contra las políticas soberanistas y redistributivas de la era kirchnerista, el condicionante patriarcal de la persecución busca escarmentar a la base social organizada, recordando la vileza contra el cuerpo de “esas mujeres” -al decir de Rodolfo Walsh-, Eva Duarte y Cristina Fernández.
