Claudia Flórez Sepúlveda
@ClaudiaFlorezPC
A casi dos años del mandato de Gustavo Petro, se evidencia que los sectores de la oligarquía, del capital financiero y quienes representan los intereses de las transnacionales, los terratenientes, las mafias y la ultraderecha, han pasado a la ofensiva para defender sus privilegios.
La contienda política del momento expresa el enfrentamiento de dos fuerzas: en una están quienes realizan una defensa férrea del sistema, mintiendo en su narrativa al decir que todo estaba bien y que la izquierda llegó con el único objetivo de perjudicar al país; en la otra están quienes, desde una lógica democrática y progresista, apuntamos a un camino de reformas modernizantes para dar salidas a la crisis social que padece la mayoría del pueblo.
El principal proyecto político de la derecha consiste en que fracase el Gobierno del Cambio. Por eso, recurre a la estrategia diseñada por el Pentágono llamada “golpe blando”, que consiste principalmente en una fuerte y masiva ofensiva mediática y jurídica en contra del presidente Gustavo Petro, su familia, el gabinete ministerial, la bancada del Pacto Histórico y las organizaciones sociales, siendo los recientes ataques al movimiento sindical, Fecode y la USO, un vivo ejemplo.
Estas son maniobras dirigidas para sabotear y negar el avance de las reformas; crean barreras que no han permitido el pleno desarrollo de las políticas consignadas en el programa de Gobierno. El también llamado lawfare busca desestabilizar el proyecto alternativo para que el mandato constitucional termine antes del tiempo establecido. De no lograrlo, el propósito es recuperar el gobierno en el 2026, con la estrategia de desacreditar a todo lo que sea identificado como izquierda.
La respuesta al “golpe blando” debe contener iniciativas que sumen al proceso de cambio, así como proveer de herramientas y dinámicas que ayuden a la continuidad del proyecto democrático. El actual camino necesita fomentar las dinámicas unitarias de las fuerzas políticas y sociales, con el despliegue del poder constituyente.
Apostamos al proceso constituyente con la prioridad de politizar, organizar a la ciudadanía del campo y la ciudad, y construir un programa que recoja no solo a las fuerzas de izquierda y progresistas, sino a las voces que emergen de los distintos procesos regionales, territoriales y sociales. La intención es darle mayor contenido a la unidad, seguir impulsando el proceso del cambio y potenciar su continuidad.
El papel protagónico del movimiento social, sindical, popular y de las fuerzas políticas podrá aumentar gracias a la acción unitaria y política del proceso constituyente, que pueda ayudar a sumar en la correlación social y política, con el objetivo de avanzar en la conquista de mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.
La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad es una excelente oportunidad para construir una ruta unitaria del proceso constituyente, y así desplegar desde las dinámicas territoriales, como las coordinadoras de las fuerzas sociales y políticas, las condiciones políticas para pelear por la continuidad del proyecto democrático.
