Yudy Patricia Calderón Silva
El pasado 18 de marzo, El Congreso archivó sin debate la reforma laboral. Como alternativa, el Gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en una consulta popular, buscando así reactivar un proyecto que representa el espíritu del gobierno del cambio.
El Sindicato Popular de Trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales (SIPTRASAE) se encuentra en proceso de negociación colectiva con la Sociedad de Activos Especiales SAE. El pliego de peticiones presentado el 17 de febrero recoge idénticas solicitudes que la reforma laboral, y su rechazo por parte del empleador expone la contradicción entre la propuesta del Gobierno de impulsar cambios profundos para la clase trabajadora y la práctica efectiva de una entidad que, encabeza de su directora, niega mejoras y garantías de derechos a sus propios empleados.
La SAE es una sociedad de economía mixta, regida por el derecho privado, encargada de administrar bienes incautados a actividades ilícitas y que han sido objeto de procesos de extinción de dominio. Estos activos generan recursos destinados al sostenimiento de entidades del Estado, razón por la cual la mano de obra de las y los trabajadores de la SAE resulta esencial para las finanzas del Gobierno. Aun así, su fuerza laboral se vincula con contratos de trabajo a término indefinido que, paradójicamente, carecen de la estabilidad y la protección que la fallida reforma laboral buscaba garantizar.
Dentro de las solicitudes de SIPTRASAE destaca una mayor indemnización por despido injustificado, reflejando uno de los principales temores de la planta de personal: en Colombia se permite despedir a un trabajador sin que medie causa alguna, lo que ubica a muchos empleados en un estado de permanente incertidumbre. La propia reforma laboral pretendía eliminar o, al menos, mitigar este tipo de prácticas, fortaleciendo la estabilidad en el empleo.
Con la designación de Amelia Pérez como directora, la SAE experimentó una serie de decisiones que han suscitado preocupación en la base laboral de la entidad. Entre sus decisiones, está el despido de cerca de 40 trabajadores en período de prueba, acción que envió una señal preocupante sobre el compromiso institucional con la estabilidad. Además, se eliminaron avances reconocidos en la gestión anterior, como la licencia menstrual, que había convertido a la SAE en un referente del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.
Para agravar la situación, la entidad contrató como asesora de la negociación colectiva a la firma de abogados de Juan Pablo Lopez, conocida por su postura antisindical y su historial de asesorías en despidos colectivos. Esta movida ha generado inquietud en SIPTRASAE, cuyo equipo negociador compuesto mayoritariamente por jóvenes con formación y compromiso social esperaba encontrar en la SAE una voluntad más acorde con el discurso oficial de gobierno del cambio.
Tales estrategias recuerdan prácticas de empresas que buscan maximizar el capital a gastos de la fuerza laboral, en lugar de una entidad cuyo mandato —en teoría— debería alinearse con la política social de un gobierno comprometido con la justicia laboral. Cuando el Congreso le cierra la puerta a una reforma que beneficiaba a la clase trabajadora, la Negociación Colectiva emerge como el mecanismo idóneo para alcanzar acuerdos que beneficien a la clase trabajadora. Sin embargo, la dirección de la SAE deja en entredicho la voluntad política de llevar a cabo las reformas sociales y laborales necesarias.
