Ómer Calderón (*)
@omer_calderon
La norma representa un hito en la formalización laboral de excluidos de la carrera docente y administrativa en las Instituciones de Educación Superior, IES, públicas.
Plantea mecanismos de vinculación concertados en los marcos constitucionales del derecho al trabajo y la autonomía universitaria. Producto de una ardua negociación con sindicatos del sector, pretende garantizar estabilidad laboral para quienes han trabajado en condiciones precarias durante años, toda vez que crea un marco de protección laboral para los docentes y administrativos no adscritos a las plantas de personal de carrera.
La exigencia de concursos de méritos para la provisión de cargos no solo refuerza la transparencia en la vinculación legal y reglamentaria, sino que responde a la conquista sindical de la carrera administrativa, alcanzada en la lucha contra el clientelismo y compadrazgo en el Estado, al tiempo que permite seleccionar a los mejores perfiles según criterios compartidos entre las directivas de las IES y las agremiaciones de asalariados docentes.
Sin embargo, el decreto genera preocupaciones entre directivos universitarios. Aunque prioriza la vinculación de los docentes ocasionales y catedráticos, los concursos de méritos presuponen la participación abierta, lo que podría generar incertidumbre sobre el acceso real de los profesores que han estado en situación de precariedad laboral. Pero, es en este punto que el marco de la autonomía entra en juego, puesto que una de las prerrogativas de la autonomía es la libertad de escoger a sus estudiantes, docentes y trabajadores, lo cual es, precisamente, el objeto de la participación de los sindicatos en el diseño, ejecución y seguimiento de los planes de formalización.
Tanto directivas como sindicatos expresan preocupaciones por las fuentes de financiación de la formalización. El Gobierno tiene la capacidad asegurar recursos que superen lo establecido en la Ley 30 de 1992, así como los dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con el fin de priorizar la dignificación del trabajo en las IES públicas.
Sin embargo, está claro para todas las partes que esto resulta insuficiente, por lo que el incremento presupuestal estará sujeto al alcance de la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30, que establecen el régimen de financiación de la IES públicas. El propósito es asegurar un incremento permanente del presupuesto de las IES, con ajustes a objetivos de políticas del derecho a la educación superior.
Este decreto no es la solución definitiva a la explotación del trabajo intelectual, pero sí señala una ruta cierta en la vía de avanzar en la lucha por la estabilidad laboral, salarios justos y condiciones para fortalecer la educación científica, humanística y profesional de la juventud, teniendo en el horizonte la movilización por el derecho al conocimiento. Es momento de movilización por el cumplimiento de esta medida.
(*) Docente, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
