Magnolia Agudelo Velásquez
El programa de Reparación Colectiva para las víctimas del conflicto armado, con el que está comprometido el gobierno del presidente Gustavo Petro y liderado por el Ministerio del Trabajo, tiene como objetivo restituir las capacidades de empleabilidad, autoempleo y generación de ingresos de los sujetos colectivos víctimas.
El programa promueve y apoya iniciativas productivas acordes y compatibles con la cultura y tradición de los destinatarios. En su ejecución, con la OIT como aliado fundamental, se fomenta la gestión de actividades agropecuarias y no agropecuarias viables comercialmente. Además, se brinda asistencia en mejoras técnicas y administrativas, así como prácticas sostenibles ambientalmente.
El programa “La Comunidad: Mi Causa”, que abarca veinticuatro sujetos de reparación colectiva, en su caracterización étnica cubre nueve comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras, once pueblos y comunidades indígenas y cuatro campesinas. La iniciativa está en departamentos como Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo y Tolima. Llega a esa Colombia profunda y olvidada.
Uno de estos sujetos es el cabildo Siona-Tenteya, ubicado en la región selvática de El Tigre, en el municipio de Orito, Putumayo. Este cabildo se dedica a la piscicultura y cuenta con la participación de 96 familias, aproximadamente 360 personas. Su labor ha generado un mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, además de atender los presupuestos culturales en los que el Gobierno ha enmarcado los planes de reparación.
Es importante resaltar que estos programas no solo se sustentan en la alianza política que fue plataforma del actual presidente, sino que responde a un compromiso personal de su parte, como que la justicia para las víctimas es algo firmemente anclado en su ideología y conciencia moral. Este es un aspecto que quienes hemos seguido la trayectoria parlamentaria de Gustavo Petro conocemos bien.
Además, la reparación de las víctimas ─afectadas por todos los actores incluido el Estado─ es una exigencia de la Corte Constitucional que, desde pasados gobiernos, declaró la situación de ellas como “Estado de Cosas Inconstitucional” y exigió perentoriamente su superación. Esta superación no debe limitarse a discursos y declaraciones de buenas intenciones, sino que requiere acciones concretas, focalizadas y, sobre todo, duraderas en el tiempo y medibles en sus resultados de generación de ingresos para garantizar una vida digna.
Resaltamos que la coherencia y el enfoque sistémico del programa de gobierno del presidente Petro permiten que, por ejemplo, estos veinticuatro sujetos de reparación colectiva encajen con una de sus preocupaciones fundamentales, no solo como estadista nacional, sino también global: la crisis ambiental y el cambio climático. En su reciente disertación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, envió un SOS al mundo: si se acaba la selva, se acaba el agua; y si se acaba el agua, se acaba la vida.
Nuestra ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fiel al legado del presidente, demuestra una clara voluntad política para cumplir a las víctimas y trabajar junto a ellas en la construcción de una Colombia Potencia de la Vida.
