Magnolia Agudelo Velásquez
El gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes han tenido que soportar una feroz andanada periodística, ejerció su legítimo derecho de responder y controvertir la avalancha de calumnias y noticias falsas con que todos los días los medios de prensa de los grupos económicos lo atacan. Esto con el propósito de bloquear la realización de las reformas que fueron las promesas por las cuales votaron las y los colombianos.
Consecuencia de la respuesta del presidente, confrontando los aleves ataques y develando lo que hay detrás de ellos, los aludidos encuentran ocasión para abrir un nuevo frente contra el mandatario: “No respeta la libertad de opinión, ataca a la sacrosanta e intocable ‘libertad de prensa’, coarta el derecho del pueblo a estar informado”. Informado por ellos, naturalmente, y según sus intereses y fobias.
¿Qué decir sobre esa confrontación en la que, según los interesados y su sesgada visión, está la diferencia entre democracia y dictadura?
Es mucho, pero muy contundente lo que hay que decir. Primero, la libertad de opinar e informar está consagrada en el artículo 20 de la Constitución. Igual, la de fundar medios de comunicación masiva. Pero lo malo ─para esos medios─ es que la misma norma establece que esa información debe ser veraz e imparcial. Cosa grave. Peor aún: que los medios son libres, pero tienen responsabilidad social. Y para que no quede duda sobre el carácter no soberano, absoluto ni incontrolado de ellos, el artículo instituye la garantía del derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Y más: el canon constitucional 21 expresa: “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su proyección”. Y en efecto, la ley la señala.
Así que, póngase o no brava la tal FLIP, todos los reproches que el presidente Gustavo Petro haga a la forma descarada como el periodismo opositor lo agrede, según la línea editorial establecida, son válidos constitucionalmente.
Todo lo anterior para que no se repitan crímenes periodísticos como cuando Lemos Simmons, ministro de Gobierno en 1990, señaló a la Unión Patriótica como brazo político de las FARC. Este señalamiento fue acatado por los paramilitares quienes a las 48 horas asesinaron al candidato presidencial Bernardo Jaramillo. O la inmoralidad de la columna de la periodista Salud Hernández, en la que agredió a Antonella hija presidente, por acompañarlo en la tarima el 1º de mayo. O lo que la periodista Diana Saray Giraldo acaba de hacer: criminalizó al Movimiento Social y Político del Centro Oriente, con sede en Arauca, de ser brazo político del ELN. Y a las pocas horas los asesinos cumplieron la orden: secuestraron y asesinaron a su dirigente Josué Castellanos.
No hay que olvidar que gran parte de la prensa del poder tiene una posición política clara de oposición, lo que no es un delito, pero esta se está haciendo con mentiras, tergiversaciones y fake news, eso sí es inaceptable.
