Jeison Paba Reyes
En las últimas semanas de 2025 hemos visto cómo, de manera sistemática, arrogante y temeraria, Estados Unidos vuelve a aplicar una suerte de Doctrina Monroe 2.0 —o quizá 20.0— sin el menor pudor. Tras décadas de políticas serviles y complacientes de amplios sectores de la clase política sudamericana, Washington actúa hoy con la tranquilidad de quien considera este hemisferio su patio trasero. El gobierno de Donald Trump, en cabeza de un beligerante secretario de Estado como Marco Rubio, envía un mensaje constante y preocupante: nuestra soberanía se mantiene en los textos constitucionales, pero en la práctica está subordinada a los designios del Pentágono.
Lo que ocurre frente a nuestras costas y en las de Venezuela evidencia, con crudeza, que la independencia regional es más formal que real. Sudamérica continúa siendo tratada como una gran colonia norteamericana, incapaz de ejercer plenamente la multipolaridad que demandan los nuevos equilibrios globales. Más allá de estas reiteradas violaciones a un derecho internacional cada vez más desacreditado, surge una pregunta ineludible: ¿dónde está la Organización de Estados Americanos?
El organismo hemisférico ha brillado por su más absoluta ausencia. No ha emitido pronunciamiento alguno para exigir respeto por la soberanía de los Estados miembros ni para advertir sobre los riesgos de una escalada regional. Y aunque Venezuela ya no haga parte formal de la OEA, la situación derivada de un bloqueo marítimo de facto concierne directamente a los países del Caribe y de Sudamérica. No puede una potencia mundial arrogarse la facultad de controlar los espacios marítimos de otros Estados sin que los organismos creados para defender la independencia de los pueblos reaccionen frente a semejante arbitrariedad.
Este escenario debería obligarnos a debatir con seriedad la verdadera eficacia de las instituciones multilaterales, especialmente cuando deben enfrentar decisiones unilaterales y caprichosas de mandatarios con enorme poder militar. En los momentos más críticos, estos organismos parecen optar por la penumbra, mostrando una alarmante incapacidad para actuar con diligencia o, al menos, para emitir señales claras en defensa del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Reformar la arquitectura institucional del hemisferio debe convertirse en una prioridad para los próximos gobiernos progresistas. Ninguna potencia debería imponernos su visión del mundo ni pisotear una soberanía ya debilitada por décadas de dependencia política, económica y militar. La defensa de la patria exige fortalecer las fronteras, pero también recuperar la capacidad de orientar nuestra política exterior conforme a los intereses nacionales y no a las agendas de terceros.
Del mismo modo, resulta indispensable que la clase política abandone su actitud servil frente a intereses extranjeros. Esa postura termina colocando en indefensión a toda la sociedad. No es aceptable que la dignidad colectiva se sacrifique para proteger conveniencias personales.
La omisión de la OEA no es neutral: es una forma de complicidad silenciosa que debilita la democracia regional y normaliza el abuso de poder.
