Diana Carolina Alfonso
¿Por qué se persigue al embajador de Colombia en México? En 2023, el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, enfrentó un proceso destituyente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este mes, la Procuraduría sancionó a los funcionarios que fallaron a favor de su nombramiento. La insidiosa persecución contra destacados cuadros del Pacto Histórico responde a un lawfare continental.
La guerra jurídica o lawfare implica la suplantación del sistema democrático mediante la partidización del poder judicial en la gran estrategia de los golpes blandos.
Como método de exclusión, inhabilitación, persecución o sometimiento de las fuerzas de izquierda y progresistas, el lawfare es un remanente de las prácticas contrainsurgentes del último ciclo dictatorial en América Latina, entre los años sesenta y ochenta, conocido como Plan Cóndor. En este período, las botas militares se fundieron con las togas para instaurar estados de excepción permanentes en el marco de la guerra fría. Desde entonces, el poder judicial ha sabido garantizar el andamiaje neocolonial de los Estados Unidos en el continente y se ha transformado en un organismo de coordinación entre las derechas locales, los capitales transnacionales y los medios de comunicación.
La campaña del NO AL ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) del 2005, que lideró la izquierda latinoamericanista a la cabeza de los mandatarios Hugo Chávez, Fidel Castro, Néstor Kirshner, Rafael Correa y Lula Da Silva, cultivó en los últimos veinte años una feroz reacción que decantó a la judicialización de todos los procesos nacional-populares de la región.
En esta historia, Colombia siempre fue la base más estable para la articulación de las ultraderechas en el continente y para la promoción de las subeconomías que financian su andamiaje paraestatal. La crisis de la derecha uribista y el cambio de gobierno revelaron una diplomacia internacional criminal e injerencista, constituida bajo la omisión activa de los poderes judiciales, vinculados con los potentados mafiosos del triángulo de los alcaloides entre Estados Unidos, México y Colombia. En 2015, la liberación de Dolly Cifuentes, excuñada de Álvaro Uribe y operaria de Joaquín “El Chapo” Guzmán, puso de manifiesto el margen de impunidad de esta triangular acción.
Este triángulo moviliza ejércitos privados y armas, organizados con las finanzas del narcotráfico y la venia regular de las autoridades del norte. Sólo con una lectura atenta de estas relaciones internacionales se entiende la persecución política y judicial contra Ninco Daza, embajador de Colombia en México e histórico militante petrista, por parte de la procuradora uribista Margarita Cabello.
La misma funcionaria, que blindó al exfiscal Barbosa en medio del escándalo por nexos con el crimen organizado en Chocó ─departamento por el cual, dicho sea de paso, se exporta casi el 80 por ciento de la cocaína que se vende en los Estados Unidos─, es la misma que firma las listas negras con las cuales son amenazados y desprestigiados aquellos funcionarios capaces de revertir la influencia de las articulaciones que garantizan el terrorismo neocolonial en el continente.
