Rocio Quintero Gil
La justicia en Colombia es un sistema revictimizante de las mujeres, tanto en la denuncia como en la judicialización, exponiéndolas a prácticas y discursos que denigran su condición de género. En lugar de proteger sus derechos, le niegan reparación. La Sentencia T-735 de 2017 de la Corte Constitucional reconoce que el Estado puede ser un “segundo agresor” cuando su respuesta ante la violencia contra las mujeres se convierte en violencia institucional.
Esta forma de violencia es expresión del patriarcado estructural que permea las instituciones estatales y reproduce desigualdades sociales, manteniendo jerarquías que privilegian a los hombres, especialmente a quienes detentan el poder político y económico. El sistema judicial, lejos de ser un espacio equitativo, funciona como un aparato de protección de clase, como se evidencia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido favorecido por mecanismos de impunidad por el sistema patriarcal judicial.
El pronunciamiento del Tribunal de Cundinamarca y del magistrado Merchán, para desacreditar el trabajo de la jueza Sandra Heredia, utilizó un lenguaje descalificador y humillante: calificativos como “deficiente”, “errores metodológicos” y “valoración sesgada” evidencian un regaño público que no solo deslegitima a una funcionaria, sino que revela la doble opresión a la que se enfrenta: por ser mujer y por desafiar al poder hegemónico que el sistema protege. Los ataques contra Heredia, envía un mensaje a todas las mujeres en el poder judicial: no están legitimadas para juzgar casos importantes, porque la interpretación masculina es la única válida.
La justicia en Colombia no es un espacio neutral ni independiente, sino la expresión directa del aparato estatal que sostiene y reproduce las relaciones de poder de la clase dominante patriarcal. Como señaló Antonio Gramsci, el sistema jurídico actúa como un mecanismo hegemónico para disciplinar a quienes desafían el orden establecido, asegurando la reproducción de la dominación capitalista y patriarcal.
En este contexto, la resistencia femenina se convierte en acto revolucionario. La magistrada Leonor Oviedo ejemplifica esta resistencia con su salvamento de voto, manteniendo firme su posición rehusándose a someterse a la presión del poder judicial patriarcal. Oviedo actuó como un faro de dignidad, rechazando el silenciamiento a las mujeres en el sistema judicial y mostrando que la justicia puede y debe ser un espacio de equidad.
Esta resistencia es una tarea política y social: para transformar el sistema judicial y desmantelar las estructuras patriarcales y capitalistas que sostienen la impunidad y la revictimización. Solo una justicia feminista, marxista – leninista, que consolide la lucha de clase y género, podrá garantizar derechos reales, protección efectiva y reparación digna para todas las mujeres y sectores oprimidos.
La justicia en Colombia no debe ser un privilegio de pocos, ni un mecanismo de opresión. La resistencia es necesaria, urgente y colectiva.
