Diana Carolina Alfonso
José Luis Espert no es el economista independiente que se presenta. Su recorrido lo ubica dentro de un entramado donde confluyen financistas, políticos y narcotraficantes. Fue candidato presidencial en 2019 y más tarde diputado por La Libertad Avanza. Su figura se liga a Fred Machado, empresario requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero asociado a carteles y operaciones de minería ilegal. Ese vínculo marcó el ingreso de Espert en un circuito que atraviesa política y delincuencia.
El economista se ofreció como alternativa “seria” dentro del liberalismo. Sin embargo, su campaña de 2019 se apoyó en Machado, ya entonces investigado en dos causas de narcotráfico: el envío de 900 kilos de cocaína a Barcelona en 2011 y la venta de aviones que luego aparecieron cargados de droga. La foto pública de ambos en San Fernando simbolizó una alianza que excede lo electoral y que hoy lo sitúa como un exponente de la narcopolítica en el Congreso.
¿Por qué se lo acusa? Los indicios son múltiples. Vuelos en aviones vinculados a Machado, el uso de una camioneta registrada a nombre de Claudio Ciccarelli —pariente del narco— y la imposibilidad de justificar propiedades en Pergamino, una zona atravesada por avionetas cargadas de cocaína. A esto se suman sus lazos con Spagnuolo, funcionario de discapacidad señalado por corrupción y cercano a Milei. La defensa de Espert se limita a hablar de operaciones en su contra, pero los vínculos documentados con abogados y operadores libertarios muestran un esquema compartido de protección política y judicial.
Mientras organismos multilaterales destacan las incautaciones y la baja de homicidios en Rosario, los hechos desmienten esa lectura. El triple femicidio de Florencio Varela, la consolidación del PCC brasileño en la Hidrovía y la presencia del CJNG mexicano en el país muestran la penetración de redes internacionales. Al mismo tiempo, adolescentes de barrios pobres son reclutados como mano de obra. El narco ocupa el vacío que deja un Estado debilitado y convierte la precariedad social en terreno de expansión.
El caso es paradigmático porque exhibe cómo el financiamiento del narcotráfico penetra campañas políticas y cómo se naturaliza la llegada al Congreso de dirigentes sostenidos por dinero ilícito. También revela la articulación de abogados, jueces y funcionarios en un dispositivo que garantiza impunidad. Las estadísticas de incautaciones funcionan como pantalla, mientras el poder real del narcotráfico avanza sobre barrios, cárceles y despachos oficiales. Una receta aplicada mil veces por la derecha en territorio colombiano.
Espert simboliza esa dinámica: no como excepción, sino como expresión de una forma de captura del Estado a lo largo y ancho del continente. La consecuencia es un país donde los sectores populares quedan expuestos, entre la violencia del narco, y la cooptación de las instituciones.
