M. G. Magil
Los distintos procesos de paz que se han iniciado en Colombia con los grupos armados, siempre han terminado en un desencuentro en el diálogo, entre otras razones, porque los interlocutores tanto del gobierno como de las organizaciones convocadas al diálogo, se han limitado a negociar sin el convencimiento de que la paz es posible, sí hay voluntad social y política de conseguirlo.
Es lo ocurrido con las negociaciones que comenzaron en el Gobierno del cambio. La descalificación en las delegaciones es más que evidente, no existe el interlocutor o interlocutora, situación que llega incluso a la desconfianza mutua en cuanto a pretensiones o expectativas de cada delegación. La ausencia de la sociedad civil, que es la más afectada en el conflicto, han convertido el proceso en un “diálogo de sordos” acusándose mutuamente respecto a los nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, que siguen siendo el flagelo que afecta los distintos procesos.
Lo ocurrido recientemente, en el proceso difamatorio iniciado por el expresidente Uribe Vélez, contra el Senador Iván Cepeda Castro, y que termina con la condena de doce años (como si el bumerán de la justicia hubiera actuado), lo que dignifica no sólo a las víctimas; es el inicio de un prontuario delictivo cuya investigación debería ir más allá del bloque metro de las AUC, teniendo en cuenta que el condenado expresidente continúa difamando al Senador Cepeda Castro y a su familia, e insiste en asociarlos con las Farc y el comunismo internacional.
Al pretender señalar como un delito la militancia comunista del padre y la madre del Senador Iván Cepeda, habrá que recordar al condenado expresidente su prontuario criminal que comenzó en la década de los 80 del siglo XX, cuando siendo director de la Aeronáutica Civil, firmó más de 200 licencias al cartel de Medellín; en sólo 18 meses firmó 2.242 licencias entre pistas de aterrizaje y aeronaves para el transporte del alcaloide. Es un hecho que descubrió el entonces Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y ordenó derogar esas licencias, razón por la que lo asesinaron.
Lo ocurrido con la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, terminó de silenciar los nexos que ha tenido, no sólo el condenado expresidente, sino la clase política tradicional, que según el libro “Mi Confesión” de Carlos Castaño: El M-19 solo, cobró dos millones de dólares por esta acción, justo cuando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (que agrupaba las organizaciones guerrilleras alzadas en armas y que estaban en conversaciones con el gobierno de Belisario Betancour).
Son hechos en apariencia aislados pero dicientes en los inicios de su gesta criminal, a la que hay que sumar los falsos positivos y otros delitos de lesa humanidad que no prescriben.
