Kevin Siza Iglesias
@KevinSizaI
Han sucedido dos hechos importantes para el futuro de la reforma educativa en Colombia: la audiencia pública convocada por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, con participación de diversas fuerzas políticas del Congreso de la República y una importante representación de las comunidades educativas de las Instituciones de Educación Superior, IES, del país, para discutir la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30/1992 y, por otro lado, la aprobación unánime del proyecto de Ley 212/2024 en su primer debate en la comisión VI del Senado de la República.
Luego del estrepitoso fracaso del trámite legislativo de la ley estatutaria que regularía el derecho fundamental a la educación, del reversazo del MEN a la decisión de radicar la nueva Ley de educación superior construida con el movimiento universitario, motivada por su persistente momento de reflujo y dispersión, así como la ausencia de capacidad de movilización callejera, que se sumó a una correlación de fuerzas desfavorable para su impulso y aprobación en el legislativo, dos hechos representan un significativo avance en la perspectiva estratégica de un nuevo modelo de educación superior en Colombia.
La Ley 30/1992 encarna el proyecto mercantil de la educación superior que impuso, con el proyecto neoliberal, el bloque de poder dominante. Este modelo de educación superior se encuentra en una profunda crisis de naturaleza estructural y un marcado carácter multidimensional, pues convergen de forma simultánea múltiples crisis que se manifiestan en las dimensiones de financiación, sus fines, su proyecto pedagógico, del currículo, la democracia universitaria, su centralidad en la sociedad y de su legitimidad en las comunidades educativas. Esta crisis requiere de reformas estructurales y un giro radical.
La superación de la dimensión financiera de la crisis es una de las deudas históricas que el gobierno de Gustavo Petro debe priorizar resolver, pero es preciso señalar su verdadero significado y alcance.
El reajuste táctico hecho por el MEN impuso un escenario cuyo rasgo distintivo es la priorización de una reforma a la Ley 30, centrada en un nuevo esquema de financiación para las IES, con base en un nuevo indicador denominado Índice Costos de la Educación Superior y el aseguramiento de una base presupuestal para las ITTU´s, lo que es vital para ampliar la oferta pública, garantizar mayores recursos para inversión en infraestructura, estimular el crecimiento de la matrícula estudiantil, fortalecer el bienestar universitario, la ciencia y la investigación.
Rodear el proyecto de ley 212/2024 es una tarea prioritaria para el movimiento universitario. Su éxito está atado a la unidad multiestamentaria, al diálogo y articulación entre Gobierno y movimiento educativo, así como a la capacidad de movilización que juntos puedan impulsar en la sociedad.
Un Acuerdo nacional por la Educación Superior es bienvenido, siempre que no pierda de vista su alcance real y su horizonte estratégico que logre la superación de las múltiples dimensiones de sus crisis, abriéndole paso a un nuevo modelo democrático nacional.
