Andrés Álvarez
Los cambios en la Estatalidad producto del régimen de acumulación neoliberal implantado en el país desde la mitad de los años 80’s del siglo pasado y su progresiva incorporación al régimen jurídico y su constitucionalización, significó en parte su vaciamiento.
En el caso concreto del sector agropecuario colombiano, el vaciamiento se completó en primer lugar con la transferencia de competencias a organismos privados y público-privados para trazar políticas sectoriales, con lo cual se normalizo el apoyo pasivo a las estrategias e intereses de los gremios agropecuarios; En segundo lugar, este vaciamiento también implicó la transferencia legal de recursos públicos para su gestión privada mediante la creación de los Fondos de Fomentos Agropecuario (FFA) y los Fondos de Estabilización de Precios (FEP) mediante la Ley 101/93, con lo cual también se transfirieron capacidades del Estado al sector privado.
Entre las funciones asignadas a los FFA se encuentran, 1) la investigación y desarrollo tecnológico; 2) transferencia de tecnología y asistencia técnica; 3) adecuación de la producción y control sanitario; 4) organización y desarrollo de la comercialización y 5) fomento a las exportaciones y promoción del consumo.
La administración y gestión de estos fondos están en cabeza del gremio más representativo de cada cadena productiva. Esta disposición desconoce por una parte a otros actores de las cadenas productivas; que los gremios se caracterizan por una baja o nula representación de los intereses Economía Campesina, Familiar Étnica y Comunitaria con sus complejos mecanismos de representación sin regulación por parte del Estado. Por último, la alta fragmentación de los pequeños e incluso los medianos productores.
Esta transferencia de competencias y capacidades públicas, por una parte afianza la capacidad de los gremios sobre el desarrollo agropecuario, y por otra amplia las asimetrías entre la agricultura comercial economía campesina, familiar, étnica y comunitaria para influir en las políticas sectoriales, el desarrollo de las cadenas productivas y el acceso a los bienes necesarios para el desarrollo rural (crédito, subsidios, tecnología, logística, extensión agropecuaria, etc.).
Además, este mecanismo perverso de gestión y administración de los recursos públicos, posibilita que elites agropecuarias se conviertan “cazadores de rentas” de importantes subsidios y apoyos del Estado para el sector ante las fallas regulatorias.
En medio de la lucha por el acceso a la tierra para el campesinado, que avanza en nuestro gobierno, de los esfuerzos por democratizar el crédito y otros bienes rurales, la batalla política por hacer realidad la Jurisdicción Agraria y Rural, se hace necesario debatir y revisar la normatividad cooptada del sector que excluye de hecho al campesinado de los importantes recursos de la parafiscalidad colombiana, mediante su inclusión en la gestión y las partidas presupuéstales concretas.
