Jorge Gómez
En el marco de la reciente cumbre de la CELAC, realizada en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro pidió perdón y reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio contra la Unión Patriótica. Con este acto, el mandatario dio cumplimiento a una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, sobre todo, reafirmó un compromiso ético con la verdad y la memoria histórica. Este reconocimiento no es un gesto menor: representa un paso fundamental hacia la reconciliación nacional y la dignificación de miles de hombres y mujeres que fueron perseguidos por su militancia política.
El Acuerdo de La Habana, firmado entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano, planteó como uno de sus principios esenciales la necesidad de sacar las armas de la política. Ese compromiso implicaba reconocer que la violencia ha sido, históricamente, una herramienta de poder utilizada por las élites, la oligarquía y los terratenientes para preservar sus privilegios. Por ello, es un error considerar que la persecución contra las ideas comunistas, progresistas o socialistas pertenece a un capítulo cerrado de la historia.
Hoy, como ayer, estas ideas continúan siendo víctimas de campañas de estigmatización, judicialización y homicidios selectivos. La experiencia de la Unión Patriótica demuestra que la violencia política no ha desaparecido, sino que se recicla en nuevas formas para silenciar las propuestas de cambio y justicia social.
Las recientes y agresivas declaraciones de connotados representantes de la ultraderecha y de sectores abiertamente fascistas deben alertar al movimiento democrático. Se trata de intentos por reeditar la vieja estrategia del anticomunismo, presentando las ideas de izquierda como una amenaza al orden, cuando en realidad son la expresión legítima del pensamiento crítico y de la inconformidad popular. Detrás de ese discurso se esconde el temor de los sectores reaccionarios frente al crecimiento de las fuerzas alternativas y a la aceptación social del proceso de transformaciones que vive el país.
En este contexto, corresponde al Partido Comunista Colombiano, al conjunto del Pacto Histórico y en particular a la candidatura de Iván Cepeda, fortalecer las tareas jurídicas, políticas y de esclarecimiento histórico. Es indispensable rodear a Cepeda y a las fuerzas alternativas, actuar con unidad, y denunciar ante los organismos nacionales e internacionales toda manifestación de apología al genocidio. Negar que la Unión Patriótica fue víctima de una política de exterminio es desconocer decisiones judiciales y legitimar la repetición de los crímenes.
Desde las direcciones del Partido Comunista y de los sectores populares se deben organizar equipos jurídicos, campañas de comunicación, actos políticos y pedagógicos que fortalezcan la memoria y confronten el negacionismo. La verdad sobre el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano es hoy un campo de batalla en la disputa política y electoral, pero también una causa ética de la sociedad democrática. Defender esa verdad es impedir la repetición, reafirmar la dignidad de las víctimas y mantener viva la esperanza de una paz con justicia social.
