Harold Olave
La ultraderecha colombiana, en medio de la contienda electoral, quiere hacer de la violencia y el miedo, el centro de la agenda política del país para, de esta manera y a partir de la manipulación mediática de los últimos acontecimientos, posicionar el discurso donde los victimarios son las víctimas, como estrategia para desviar la agenda social del Gobierno del cambio.
La violencia política, asumida como estrategia de dominación por parte del poder oligárquico, ha dejado cicatrices profundas en el pueblo colombiano, afectando la vida de millones de personas que han transitado entre guerras, desolación y muerte.
En este contexto, la agenda del pueblo debe seguir en avanzando y profundizando en la justicia social, un concepto que trasciende la mera distribución equitativa de recursos y busca la inclusión, las libertades democráticas, el respeto por los derechos humanos, la construcción de una cultura de paz y la derrotar a los agentes del autoritarismo, que pretenden mantener sus privilegios, a partir sembrar el miedo y la desconfianza.
Profundizar las reformas sociales
La justicia social debe seguir siendo el eje central de las reformas políticas y sociales en Colombia. Es necesario resaltar desde nuestro accionar los avances logrados con las reforma laboral y pensional en la lucha por el trabajo y a una vejez digna, la recuperación de la economía campesina y la reactivación del campo, la ampliación en la cobertura a la educación pública, y la lucha por rescatar al sistema de salud de las garras de los traficantes de las EPS.
Igualmente debemos reconocer como coalición de Gobierno, cuales son nuestros puntos débiles en la implementación de políticas públicas contra la desigualdad, como es el caso más destacado de una errática política de vivienda, la carencia de mecanismos coherente de lucha contra la corrupción, la dispersión de esfuerzos desde las instituciones gubernamentales para la atención a la población más vulnerable, la ausencias de unidad conceptual frente a la paz total; elementos que sirven de caldo de cultivo al discurso autoritario de la ultraderecha.
Por lo tanto, es urgente fortalecer una estrategia que permita que el pueblo colombiano nos siga referenciando como motor de cambio hacia un mayor bienestar social. Esto nos obliga al fortalecimiento de programas de inclusión y expansión de derechos, que prioricen a las comunidades más vulnerables, lo que incluye entender la trasversalidad y la interseccionalidad en la atención a los pueblos indígenas, afrodescendientes, a la juventud popular, a las mujeres víctimas de violencia de género, cuyos derechos han sido sistemáticamente quebrantados.
Profundizar en la redistribución de la tierra, la inversión en infraestructura social, el acceso equitativo a servicios públicos, promover la asociatividad productiva como ejes de impulso de las economías en los territorios; acciones que deben ser acompañadas de una fuerte promoción de la participación de la ciudadanía a través de mecanismos como consultas, cabildos y asambleas populares.
Cerrarle el paso al autoritarismo fascista
El odio de clase y la violencia política, narrativa sistematizada desde los centros de poder, hoy se hace discurso político mediatizado, que busca generar una crisis de gobernabilidad y cegar el avance de las reformas sociales, políticas y económicas que desde el gobierno del cambio se vienen acometiendo e impedir de esta manera, que las fuerzas democráticas se configuren como alternativa de poder.
Acallar la violencia política y el odio de clase, es cerrarle el paso al autoritarismo fascista, a partir de abordar las agudas contradicciones, profundizando en un proceso político pedagógico, que ponga el foco en las libertades democráticas como garante de la vida misma, como de los derechos políticos, sociales, y la construcción de una paz integral.
Esto implica que, desde nuestros liderazgos políticos, a la vez que adoptemos un lenguaje que rechace la violencia y fomente el diálogo social, se ponga de manifiesto ante el pueblo colombiano, sobre el peligro que se cierne sobre el país, ante la actitud provocadora y beligerante de la ultraderecha y de la importancia de la unidad de los sectores democráticos para impedir el avance del autoritarismo fascista.
Dialogo social y paz
Hoy más que nunca se hace necesario ahondar en una política de paz con un propósito común, que le permita al Gobierno del cambio, ganar credibilidad y confianza en la lucha por desmantelar las estructuras que alimentan la violencia, incluyendo el narcotráfico y el paramilitarismo, y garantizar el accionar de las organizaciones sociales, la protección de sus líderes, de los reincorporados, defensores de derechos humanos y comunidades en riesgo.
Es diálogo por la paz es un proceso activo que requiere la participación del pueblo colombiano. En tal sentido debemos persistir en la construcción de una cultura de paz que desafíe las narrativas de violencia y confrontación, que debe estar representada en iniciativas de paz, acciones pedagógicas de paz y la promoción de espacios de diálogo. La paz con justicia social debe seguir siendo la agenda que movilice a la sociedad colombiana.
