Manuel Antonio Velandia Mora
Petro ha firmado el Decreto 1311 de 2025, estableciendo una arquitectura institucional robusta que articula a nueve ministerios y múltiples entidades del Estado para erradicar la discriminación y las violencias por prejuicio contra las personas LGBTIQ+. Este hito histórico para la inclusión y la justicia social más que norma: es grieta abierta en el muro de la exclusión, fisura por donde comienza a filtrarse la dignidad.
Cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y bajo el liderazgo del Ministerio de Igualdad y Equidad, el Gobierno sancionó este 4D el decreto que crea y organiza formalmente el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población (SNGDP) LGBTIQ+. Un mecanismo articulador sin precedentes, diseñado para transformar la política pública de inclusión en acciones concretas, medibles y con presencia real en los territorios.
El decreto responde a una deuda histórica del Estado colombiano con los sectores sociales (SS) LGBTIQ+, reconociendo la urgencia de superar brechas de desigualdad, estigmatización y violencias estructurales que han marcado los cuerpos y las biografías de quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Es un acto de memoria política: nombra lo que dolió, reconoce lo que fue negado, y apuesta por lo que aún falta por conquistar.
Esfuerzo intersectorial sin precedentes
La columna vertebral del nuevo SNGDP es la Comisión Intersectorial de la Política Pública Nacional LGBTIQ+, creada en el Título II del decreto. Esta instancia eleva al más alto nivel la discusión y la toma de decisiones: no son esfuerzos aislados, sino una política de Estado donde la garantía de derechos se asume como tarea colectiva, transversal e inaplazable.
Con voz y voto participan los ministerios de Igualdad y Equidad —que preside la Comisión y ejerce la Secretaría Técnica a través de la Dirección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+—; del Interior, clave en la coordinación territorial y la protección; de Relaciones Exteriores, para alinear los compromisos internacionales en derechos humanos; de Justicia y del Derecho, en la lucha contra la impunidad; de Defensa Nacional, responsable de la formación de la Fuerza Pública; de Salud y Protección Social, garantizando acceso integral y digno, incluida la salud mental y los procesos de afirmación de género; del Trabajo, para la inclusión laboral; de Educación Nacional, para transformar las escuelas en espacios seguros; y de las Culturas, las Artes y los Saberes, fundamental para desmontar imaginarios de odio.
Cuenta con la firma del Ministerio de Hacienda, garantizando viabilidad fiscal, vinculando al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Prosperidad Social (DPS) y la Función Pública. La igualdad deja de ser retórica: entra al presupuesto, a la planeación, a la estructura del poder.
Estructura y funcionamiento del Sistema
El Decreto no es simbólico: organiza una maquinaria operativa concreta. La Comisión Intersectorial coordinará y orientará la implementación de la política pública, formulará lineamientos técnicos, hará seguimiento a metas e indicadores, y definirá rutas para la prevención y atención de violencias por prejuicio. Se reunirá de manera ordinaria dos veces al año.
Garantizando operatividad técnica, se crea el Comité Técnico LGBTIQ+, integrado por directores y expertas y expertos de las entidades vinculadas. Este diseñará herramientas, formulará estrategias para superar barreras de acceso a la justicia y orientará la territorialización de la política. Sesionará cuatro veces al año.
El Comité contará con cuatro Mesas Permanentes de trabajo:
- Mesa de Derechos Civiles y Políticos, coordinada por el Ministerio del Interior;
- Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, coordinada por el Ministerio de Igualdad;
- Mesa de Prevención de Violencias por Prejuicio, también a cargo del Ministerio de Igualdad;
- Mesa de Atención de Violencias por Prejuicio, coordinada por el Ministerio del Interior.
Cada mesa es un frente de lucha institucional donde el Estado se enfrenta a las múltiples formas del desprecio.
Enfoques y principios rectores: una visión integral
El Artículo 5 del decreto define los lentes éticos y políticos de toda acción estatal. El SNGDP LGBTIQ+ se rige por ocho enfoques fundamentales: de derechos humanos, territorial, diferencial, de género, interseccional, étnico-racial y antirracista, de justicia ambiental y de curso de vida.
El enfoque territorial es clave: el Sistema Nacional no se quedará encerrado en Bogotá. Orientará a alcaldías y gobernaciones para que diseñen sus propios planes y programas, reconociendo las realidades diversas de la “Colombia profunda”, donde implica riesgos extremos sr LGBTIQ+.
Nombrar la violencia es comenzar a desarmarla.
Las violencias se acumulan cuando en un mismo cuerpo convergen pobreza, racismo, desplazamiento, discapacidad o la vejez. El enfoque étnico-racial visibiliza a las personas LGBTIQ+ afrocolombianas, indígenas, raizales y palenqueras, históricamente relegadas incluso dentro de la diversidad. El enfoque de justicia ambiental reconoce que el despojo también tiene efectos diferenciales sobre las poblaciones diversas.
Define el concepto legal de “violencias por prejuicio” como un fenómeno social dirigido contra un grupo específico, basado en reacciones negativas frente a identidades reales o percibidas, con un alto impacto simbólico.
El Observatorio y mecanismo SALVIA: datos para la vida
Es relevante la creación del Observatorio de DDHH de la Población LGBTIQ+, bajo la coordinación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Identificará, sistematizará y analizará información estratégica. Durante décadas, la ausencia de datos ha sido una forma de negación: si no se cuenta, no cuenta, rompe ese silencio estadístico que también mata.
Establece el mecanismo SALVIA, Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento (Artículo 22), Monitorea las Violencias Basadas en Género, centralizará la información de los casos individuales y será interoperable con el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE).
Las entidades del orden nacional y territorial estarán obligadas a reportar a SALVIA la información de los casos y la respuesta institucional brindada. Siendo paso decisivo hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de la vida. Cada dato será alarma y posibilidad de justicia.
Participación de la sociedad civil
La igualdad no se decreta desde los escritorios: se construye con los cuerpos que resisten. El Comité Técnico conformado por entidades estatales, garantizará la participación de la sociedad civil y de los órganos de control. Podrán asistir delegados del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y, de manera central, siete representantes de las agendas sociales LGBTIQ+.
Mientras se define la Política Pública de Participación Ciudadana, un parágrafo transitorio faculta al Ministerio del Interior para establecer los mecanismos de elección de estos representantes, asegurando que las voces de las bases comunitarias estén presentes desde el inicio. Sin calle no hay política; sin memoria no hay futuro.
