Luis Jairo Ramírez H.
El poder tradicional de las élites adineradas, empotrado en el Congreso, las altas Cortes, el Consejo Nacional Electoral y con el apoyo de la prensa, propiedad de grandes corporaciones del capital, una vez más, despliegan todo su arsenal monárquico para impedir que las fuerzas populares participen en las elecciones del 2026. Así lo han hecho siempre.
En 1949, después que la oligarquía condenó y asesinó al caudillo Jorge Eliécer Gaitán, con lo cual aseguraba mantenerse en el poder, se reafirma la violencia y la diatriba anticomunista; es en ese contexto que se debate en el recinto del Congreso Nacional adelantar las elecciones de 1950; voceros del conservatismo pasaron de los argumentos verbales a las armas y el 7 de septiembre en medio de una zambra en la Cámara, cayó asesinado de varios disparos Gustavo Jiménez, y herido Jorge Soto del Corral, ambos parlamentarios liberales.
Semejante escalada de violencia llevó a que el 7 de noviembre de 1949 el candidato liberal, Darío Echandía, anunciara el retiro de su candidatura. Así, el único candidato que quedaba era el conservador Laureano Gómez.
Acto seguido el presidente conservador Mariano Ospina Pérez decretó el estado de sitio e instauró la dictadura civil; cerró el Congreso, se estableció censura de prensa y radiodifusión. El Congreso duró cerrado nueve años.
Luego vino el asalto del frente nacional bipartidista al poder, que impuso la hegemonía e impidió la democracia. Después el maridaje de las élites con los carteles de Medellín y el Valle que desembocó en la alianza liberal de César Gaviria con “Los Pepes” para dar inicio a una nueva etapa de terror y muerte del paramilitarismo. Lo que en realidad se instauró fue una dictadura de larga duración.
Aun así, el país les impuso la paz, inauguró el Pacto Histórico y los derrotó, para instalar un gobierno de signo popular. Hoy unas élites medievales acorraladas, sin discurso, posicionadas en órganos electorales y de justicia, buscan imponer de nuevo, por la fuerza, contra la voluntad popular, el monopolio del poder político.
Todas las falsas predicciones de la oligarquía y su prensa, dirigidas a crear miedo en la sociedad, fallaron. Las cifras de la economía mejoran, no se disparó el dólar, no se expropió a nadie; no se censuró a la prensa; al contrario, el Consejo de Estado censura al presidente Petro para impedir la denuncia de la enorme defraudación a la salud y a los responsables de la violencia en Colombia.
Se supone que el Estado social de derecho es para abrir la democracia y estimular la participación política de los colombianos; las decisiones ilegales del CNE y las altas Cortes obran en sentido contrario, estorban la consulta popular y desde su poder actúan para dividir tramposamente las fuerzas del Pacto Histórico.
En el pasado ese proceder causó el alzamiento armado, hoy impulsará una poderosa insurrección popular.
