1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida
Manuel Antonio Velandia Mora
Este no es solo un día en el calendario: es una pausa profunda en la historia, para recordar las vidas, los cuerpos, las luchas que han tejido 42 años de dignidad en movimiento. Colombia no ha sido ajena. Desde las esquinas más silenciadas de la sociedad civil, florecieron redes, voces, abrazos y resistencias que, en medio del estigma, se negaron a rendirse.
Hoy, el llamado de ONUSIDA en 2025 resuena como un tambor que no cesa: «Superar las disrupciones, transformar la respuesta». Porque si el miedo paraliza, la memoria empuja.
Este es un tiempo complejo. Lo sabemos. Las crisis se multiplican: políticas, económicas, existenciales. La cooperación internacional se aleja, el espacio cívico se estrecha, y la fragilidad se vuelve paisaje. Pero si algo hemos aprendido es que la parálisis no salva vidas. La esperanza se conjuga en presente activo.
Informa ONUSIDA que, en 2025, una crisis histórica de financiación amenaza con deshacer décadas de progreso. Los servicios de prevención del VIH se han visto gravemente afectados. Los servicios comunitarios, vitales para llegar a las poblaciones marginadas, están siendo relegados, mientras que el aumento de leyes punitivas que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la identidad de género y el uso de drogas está amplificando la crisis, haciendo que los servicios de VIH sean inaccesibles.
La respuesta mundial al sida se ha visto sacudida en los últimos meses, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el sida para 2030. El sida no ha desaparecido y, dada la situación actual, se necesita un nuevo enfoque transformador para mitigar los riesgos y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.
No basta con resistir: hay que transformar. Transformar con ternura radical, con políticas que no solo curen, sino que reconozcan. Con comunidades que no solo exijan, sino que abracen. Con decisiones que comprendan que cada cuerpo importa, que cada nombre cuenta.
Los próximos cinco años serán decisivos. Nos necesitamos más valientes. Más tercas. Más audaces.
No hay marcha atrás cuando el horizonte es la vida.
Porque no es solo eliminar el sida como amenaza: es escribir otro capítulo, donde la salud sea derecho, y la respuesta al dolor no sea el silencio, sino el compromiso colectivo de un mundo más justo.
El sida en el conflicto armado colombiano
Recordemos que en Colombia fueron asesinadas personas al interior del conflicto armado por el hecho de vivir con el VIH o con el sida. En Colombia se obligó a la población de Vista Hermosa, Meta, por las FARC a todos los residentes mayores de 12 años se sometieran a un examen diagnóstico de la presencia del VIH.
La orden de pruebas fue presentada por la FARC como parte de una supuesta “campaña de salud”.
Las autoridades de salud del Meta, organismos de derechos humanos y la Fundación Apoyémonos, Fundación colombiana de apoyo en sida, hepatitis e infecciones de transmisión sexual, en cabeza de Manuel Velandia, consideraron la práctica ilegal, pues violaba el derecho a la intimidad, a la autonomía corporal y por ende vulneraba derechos fundamentales.
Aunque inicialmente se informó el diagnóstico obtenido de las pruebas, ese procedimiento hacía evidente quiénes podrían haber tenido un diagnóstico reactivo a la presencia de anticuerpos para el VIH. Esos resultados fueron exhibidos de forma pública, vulnerando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad en el manejo de los diagnósticos, además de que no respetaron criterios mínimos de consentimiento informado, confidencialidad o garantía de tratamiento — lo que se convirtió en un episodio grave de coerción sanitaria.
Panorama epidemiológico nacional
En Colombia, la Cuenta de Alto Costo (CAC) realiza el seguimiento de las personas que viven con el virus, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 273 de 2019. Hasta el 31 de octubre de 2025, se han informado 211.431 personas diagnosticadas con el VIH (cifra preliminar previas al proceso de auditoria), un número menor a la estimación de ONUSIDA para 2024 (230.000). Esto indica que aún se deben fortalecer el tamizaje para identificar a quienes desconocen su diagnóstico y para garantizar el tratamiento continuo de las personas ya diagnosticadas.
Aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, la transmisión sigue siendo predominantemente sexual, y las poblaciones más afectadas incluyen hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero.
Se registra una leve reducción en la mortalidad, pasando de 1.685 muertes en 2024 a 1.666 en 2025. Se registró una leve reducción en la mortalidad, pasando de 1.685 muertes en 2024 a 1.666 en 2025.
El perfil demográfico de la población diagnosticada presenta las siguientes características:
Edad y sexo: el promedio de la edad es de 40,48 años. La mayoría de los casos corresponden a hombres (78,80%), mientras que las mujeres representan el 21,20%.
Concentración por la edad: el grupo etario de los hombres de entre 25 y 39 años concentra el 38,78% de los casos totales del país.
Distribución geográfica: la mayor proporción de los casos reside en la región Central (28,72%) y Bogotá D.C. (22,19%), seguidas por las regiones Caribe (19,91%), Pacífica (15,19%), Oriental (12,40%) y la Amazonía-Orinoquía (1,59%).
Medicamento para Tratamiento de la infección por VIH en Colombia bajo licencia obligatoria
En abril de 2024, el gobierno colombiano solicitó una licencia obligatoria sobre la patente del medicamento Dolutegravir — un inhibidor de la integrasa usado para tratar el VIH — declarando que su acceso era de “interés público”. Esta licencia obligatoria permite que el Estado, u otros productores genéricos autorizados, fabriquen o importen versiones genéricas del fármaco sin el consentimiento del titular de la patente (la empresa privada).
Con esto, el tratamiento con Dolutegravir se volvió más accesible, lo que representa un paso político y sanitario clave para garantizar el derecho a la salud para personas con VIH en Colombia.
Esto No significa que el Estado “posea” la patente. La patente original sigue siendo propiedad de la empresa farmacéutica. Lo que cambió es que el Estado usó un mecanismo legal internacional —la licencia obligatoria— para suspender temporalmente los privilegios de exclusividad del titular, por razones de salud pública.
Esa medida le da al Estado y al sistema de salud la posibilidad de fabricar o importar genéricos, reduciendo precios y aumentando el acceso a tratamiento. Con el mismo costo ahora puede dase tratamiento a 21 personas.
Cada vida cuenta. Cada acción transforma. Unidas, unidos, unides por los derechos en Salud en Colombia
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