Von Nils Heidenreich
A las 3 de la madrugada la puerta de Camilo en la localidad de Usme, sur de Bogotá, es derribada. El padre de tres hijos es detenido en presencia de sus niños y frente a su esposa, mientras le leen los graves cargos penales.
Él es uno de 11 detenidos a quienes se les imputan delitos gravísimos en relación con protestas universitarias de los últimos años, entre ellos concierto para delinquir, manipulación de explosivos, porte ilegal de armas, incendio agravado y terrorismo.
Además de Camilo, líder comunitario y colectivos de base desde el Paro Nacional de 2021, colaborador en un libro sobre las protestas y su contexto social, también fueron capturados integrantes de medios alternativos y organizaciones estudiantiles, todos provenientes de diferentes localidades del sur de la capital.
Lo más preocupante es que muchos de los detenidos en horas de la madrugada fueron llevados después de más de 12 horas a la URI de Puente Aranda para verificación de identidad, sin poder comunicarse durante ese tiempo ni con sus abogados ni con sus familias. Esto debería invalidar las capturas, pero el juez las legalizó el día siguiente.
La criminalización del movimiento social y popular no es nueva. Esta represión es asociada con gobiernos de derecha y se consideraba superada bajo el gobierno del presidente Petro. El discurso oficial actual había estado marcado por el respeto y el reconocimiento hacia los movimientos sociales que, tras el Paro Nacional, les allanaron el camino para convertirse en la primera fuerza del Congreso y alcanzar la primera presidencia de izquierda.
Durante su gobierno Petro ha ido abandonando promesas electorales fundamentales. Recientemente, él y su ministro de Defensa justificaron con discursos que recuerdan a gobiernos anteriores los bombardeos renovados contra estructuras de la disidencia de Iván Mordisco, en los que murieron 15 menores de edad. Justificaron su proceder primero alegando desconocimiento de las circunstancias y luego invocando el derecho internacional humanitario, argumentos rechazados categóricamente por expertos. Al no haberse producido combates inmediatos antes de los bombardeos, los menores de 15 años que no participaban en hostilidades no pueden ser considerados combatientes según el DIH.
Organizaciones de derechos humanos como el CPDH señalan que estos acontecimientos recientes marcan un giro significativo en la política del gobierno Petro en materia de derechos humanos y manejo de la protesta social. Es revelador que las últimas víctimas de este cambio de rumbo sean, por un lado, menores de edad de regiones económicamente desfavorecidas y, por otro, jóvenes activistas de las zonas marginales de la capital.
Esto evidencia que los anuncios de Petro sobre un cambio político radical en el país han cedido paso a la misma política asociada con las oligarquías. Las fuerzas tradicionales que Petro intentó incorporar a su gobierno desde el inicio parecen ahora marcar la pauta en materia de DH.
