Gabriel Becerra Y.
La democracia colombiana atraviesa una prueba decisiva. Hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE), se convierte en un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos al dilatar de manera injustificada, la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico. Esa omisión no es un simple error administrativo: es un golpe a la democracia.
La Constitución es clara. Todo ciudadano tiene derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. El Pacto Histórico cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, radicó oportunamente su solicitud y, sin embargo, el CNE lleva más de 56 días hábiles sin decidir, cuando el plazo máximo es de 30. Este incumplimiento vulnera el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho fundamental a la participación política.
No estamos frente a un tecnicismo. El Pacto Histórico es la principal fuerza política del país, respaldada por millones de votos en 2022, que conquistó el derecho a consolidarse en una colectividad única y con voz propia. Negarle su personería jurídica es una forma de invisibilizar a amplios sectores sociales y populares que exigen representación efectiva en las instituciones.
Esta no es la primera vez que se utiliza la institucionalidad para restringir la democracia. La Unión Patriótica fue víctima de un exterminio político reconocido por el propio Estado y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, décadas después, se pretende forzar una desaparición jurídica de fuerzas políticas, al desconocer los tiempos y requisitos que ya han sido cumplidos.
El CNE ha reconocido personerías en casos similares, como lo hizo con el Movimiento Dignidad o la Fuerza de la Paz. ¿Por qué, entonces, se nos niega el mismo trato? La respuesta es política: se busca frenar el avance de un proyecto que representa esperanza de cambio y que cuestiona los privilegios de las élites. Esa arbitrariedad rompe con el principio de igualdad, y evidencia un sesgo inaceptable en una institución que debería garantizar imparcialidad.
La democracia no puede ser administrada como un club privado donde unos tienen derechos plenos y otros deben mendigarlos. Cada día de silencio del CNE debilita la confianza ciudadana, erosiona las bases del Estado social de derecho y desconoce la voluntad de millones que ya expresaron su decisión en las urnas.
Desde el Pacto Histórico no pedimos favores. Exigimos respeto a la Constitución, cumplimiento de la ley y garantías para ejercer derechos fundamentales. No aceptaremos que las élites políticas utilicen al CNE como un muro de contención contra la voluntad popular.
La historia ha demostrado que cuando se restringe la democracia, el pueblo encuentra caminos para defenderla. Y lo decimos con claridad: no permitiremos que nos arrebaten, por vía burocrática, el derecho a existir y a participar plenamente en la vida política del país.
