Juan Pablo Montero
Hablar de la Reforma Laboral, bandera del «gobierno del cambio» en cabeza del presidente Gustavo Petro, nos lleva a varias reflexiones sobre su agenda política. Es importante señalar que los gobiernos neoliberales, desde la época de Santos y Duque, impulsaron contrarreformas para los trabajadores. Estas, se enfocaban en una mayor flexibilización de la contratación para beneficiar al capital privado, proponiendo incluso la creación de un «primer empleo» con salarios por debajo del mínimo y sueldos diferenciados en territorios apartados del país.
En su momento, estas propuestas fueron rechazadas por el movimiento obrero y sindical, que, a pesar de estar debilitado en el sector privado, principalmente, lograba detenerlas a través de acciones de protesta y movilización. En ese contexto, la principal preocupación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) no era la formalización laboral ni el aumento de la informalidad, a diferencia de lo que pregonaron en su último congreso nacional.
La «doble moral» del empresariado queda en evidencia cuando sus acciones para sabotear al gobierno se contrastan con las cifras económicas. El crecimiento del PIB del 2.4% ha sido significativo en comparación con la región, y el desempleo ha disminuido del 11% en 2022 al 8.8% en julio de 2025.
Una de las primeras acciones del gobierno de Petro fue, junto a la ministra Gloria Inés Ramírez, lograr una reforma laboral con base en el estatuto del trabajo. El objetivo era devolver derechos a millones de trabajadores en todo el país. Aunque la aprobación de esta reforma fue compleja, se logró al final de la legislatura gracias a la movilización social y el liderazgo del presidente.
Tras la aprobación, se ha desatado una persecución contra la clase trabajadora por parte de sectores privados y gremios del capital, liderados principalmente por Bruce Mac Master. Este último ha manifestado abiertamente que la reforma fomenta la sindicalización de los trabajadores y otorga derechos a los jóvenes del SENA a través del contrato de aprendizaje. Según el gremio de empresarios e industriales “pese a mejoría en formalidad, el mercado laboral aún no garantiza condiciones estables para la mayoría de los trabajadores”.
Es paradójico que, con una disminución del desempleo de tres puntos porcentuales, la ANDI ahora se preocupe por la informalidad. Su discurso se niega a reconocer los avances y a enfocarse en cómo la formalización puede apalancar la industria y generar derechos reales, como la sindicalización. Es fundamental analizar cómo podemos formalizar a la fuerza laboral y, al mismo tiempo, garantizar sus derechos.
El temor y la reflexión del capital, es que en estos procesos de transición y de cambio, el neoliberalismo va quedando atrás para construir otras formas que dignifiquen a la sociedad y en especial a los trabajadores que organizados en sindicatos obtienen más derechos de los que hemos sido despojados en las últimas 3 décadas.
