Danna Urdaneta
@edicionesdanna en X
@dannaediciones en IG
@dannaediciones en TikTok
El discurso contrainsurgente estigmatiza a la población cocalera para negar el conflicto, silencia las causas estructurales de las violencia y golpea el sí a la paz que dio Cali en 2016
¿Qué dice Alejandro Eder?
Peligrosamente el alcalde de Cali en todas sus declaraciones estigmatiza al campesinado cocalero de la parte alta de Jamundí como el causante del conflicto armado para desconocer la violencia estructural que configura a la ciudad desde el siglo pasado. Alejandro Eder vende un discurso proteccionista, pero cuando Néstor Morales en Blu Radio le insistió en cuál era el objetivo político del atentado, el alcalde lo negó reiteradamente y afirmó que el propósito fue matar caleños.
Cuatro hipótesis sobre el atentado en Cali
- Es la reacción del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las autodenominadas FARC-EP a la Operación Perseo en el Cañón del Micay por la incautación al Frente Carlos Patiño catalogada como la más grande de la última década por parte del ministro de Defensa Pedro Sánchez.
- Es parte de una reconfiguración del conflicto armado en la subregión del sur del Valle del Cauca no relacionada directamente con la Operación Perseo. Solo hace dos meses en 8 horas hubo 23 atentados en Cauca y Valle.
- Fue la conmemoración de la muerte en combate de Ciro Antonio Patiño o el Burro y de Arley Medina Prado o Jaimito, primer y tercer comandante del Frente 6 de las FARC-EP el 18 de agosto de 2013 en Toribío, Cauca.
- Responde a la disputa estratégica para el avance del Ejército Gaitanista de Colombia en el suroccidente. Solo en la ciudad existen más de 60 actores armados.
Sin duda, pueden ser varias hipótesis a la vez, pero solo la primera, de carácter triunfalista, fue la más posicionada por el presidente, el ministro de Defensa y el alcalde de Cali para afianzar el discurso contra el terrorismo. Uno de los desencadenantes de la conflictividad tiene origen en la ruptura parcial del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP que reveló la estrategia hacia el suroccidente.
Ruptura parcial del cese al fuego en el suroccidente
El 16 de marzo de 2024 en el sector La Bodega, municipio Toribío, la Minga indígena intercedió para rescatar a un adolescente reclutado por el Frente Dagoberto Ramos. En el hecho fue asesinada la mayora Carmelina Yule Tenorio de Ascué. Al respecto hay distintas versiones. El 17 de marzo vía decreto 0385 fue suspendido el cese al fuego bilateral en Cauca, Nariño y Valle del Cauca con el EMC. El 20 de marzo Petro dijo el famoso “Iván Mordisco es un traqueto”. Antes ya había hecho lo propio durante el proceso de paz con el ELN.
El 30 de agosto siguiente el Bloque Occidental denunció que la mayora fue asesinada por un disparo a corta distancia con un revólver calibre .38, argumentaron que el hecho fue una operación de bandera falsa para romper con el cese. Cualquiera que sea el caso el hecho se enmarca en el etnocidio continuado y extendido.
El rompimiento parcial del cese se constituyó como el primer paso del sinceramiento de la política de paz total hacia la paz territorial con el objetivo de dispersar a los actores armados para justificar en el corto tiempo la implementación de la Misión Cauca por parte de las Fuerzas Militares y el Comando Sur, presentada como la punta de lanza para transformar los territorios y consolidar la paz total.
Esta Misión es percibida por organizaciones campesinas como el nuevo Plan Colombia para el Cauca, una región con multinacionales estadounidenses, canadienses y europeas. La dispersión lograda se centra para algunos actores armados en la subsistencia, para otros en la financiación y en otros casos en la acumulación de capital criminal. Sin duda, estos objetivos también son funcionales al proyecto genocida. Por ello, es necesario discutir si es suficiente caracterizar las interacciones estratégicas de los actores armados en Cali como un conflicto híbrido en ámbitos locales que persigue desestabilizar el Estado.
Hechos en contexto
Este 21 de agosto de 2025 a las 2:50 pm hubo dos detonaciones frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez ubicada en la carrera 8 de la comuna 7 al oriente de Cali, una de las cuatro zonas críticas de la geografía del conflicto compuesta por más de 60 actores armados según la AT 01-22 de la Defensoría del Pueblo. El atentado tuvo como resultado 7 víctimas mortales, entre ellas una mujer embarazada, y 76 personas heridas, entre ellas una niña de 10 años.
El carácter geoestratégico de la ciudad radica en su trayectoria como el principal epicentro económico y político administrativo del suroccidente del país. Estas dinámicas territoriales de conflictividad social, criminalidad y violencia proveniente de otras ciudades constituyen en Cali un centro de negocios de la economía legal e ilegal conectadas a los mercados globales.
El DANE proyectó para 2025 una población de 2.337.182 habitantes en Cali. Esta ciudad posee alta concentración poblacional urbana y una alta recepción de población en situación de desplazamiento forzado interno, lo cual ha implicado una reconfiguración poblacional en el marco del conflicto. Al corte del 31 de julio de 2025 hay 288.343 personas en la ciudad que declararon ser víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas.
En los sesenta y setenta fue común que la misma mano de obra campesina desplazada que modernizó la ciudad los domingos construyera sus casas con apoyo de mingas, convites y ollas comunitarias. De modo que el proceso de urbanización y posterior consolidación de un sistema de ciudades estuvo estrechamente vinculado a las dinámicas de la guerra. La Defensoría del Pueblo, además, identificó la coincidencia entre las altas tasas de homicidios sectorizadas y las zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad.
En este escenario Alejandro Eder se ha presentado en medios como el negociador de la paz. Sin embargo, paradójicamente, reitera que no hay nada que hablar con los terroristas, narcoguerrillas y delincuentes. El negociador olvida intencionalmente que la ciudad dijo sí al plebiscito por la paz con un 58,87 % de votos a diferencia de otras capitales del país. Es decir, la solución política y estructural mediante el diálogo con los actores armados es un mandato popular para que estas historias no se repitan en la Cali martirizada.
También el alcalde Alejandro Eder niega que el entrampamiento a la paz y la perfidia ha contribuido de forma preponderante al amalgamiento progresivo entre grupos armados ilegales, el narcotráfico y la criminalidad hoy mediante la tercerización. La gravedad radica en que mientras el amalgamiento alimenta violencias estas organizaciones carecen de unidad de mando nacional con, ahora sí, negociadores de paz cualificados.
Alertas tempranas y violencia crónica en Cali
Desde el 2014 la Defensoría viene alertando sobre el municipio Santiago de Cali mediante el Informe de Riesgo N° 002-14 y la ATI N° 85-18 con informe de seguimiento en el año 2019. El municipio está incluido en documentos de advertencias nacionales para personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. También Cali está incluida en los territorios en riesgo electoral.
En la cartografía Desafío a la Paz Total del 21 de febrero de 2023 Indepaz identificó en el Foco 6 un tercer nodo del conflicto integrado por los municipios de Cali, Dagua, Buenaventura y Jamundí en el Valle del Cauca; y Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao en el Cauca. A partir de 2021 este corredor se extendió hacia el sur del Valle del Cauca.
El conflicto armado en la ciudad está marcado por la transición de los carteles del narcotráfico y las interacciones estratégicas entre grupos armados ilegales de distinto calibre. En este sentido, en la medida de que el narcotráfico se invisibiliza en la ciudad se multiplican los pequeños mafiosos y los comandantes.
¿El atentado le hace el juego al uribismo?
La desigualdad existente alimenta estas expresiones de violencia urbana en el marco de la violencia estructural y segregacionista del conflicto armado. En momentos de intensificación extrema, como para este caso con el atentado en Cali, suele desempolvarse la premisa confiable de que la violencia solo es de derecha o solo la emplean actores de derechas, como si las dinámicas genocidas y del conflicto armado pudieran detenerse ipso facto de la coyuntura electoral.
Por supuesto, desde un enfoque diacrónico el atentado en Cali es parte de la continuidad del conflicto, de la perfidia y de la ruptura progresiva de los procesos de paz nacionales. La perspectiva sincrónica señala el contexto agravado del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, de la excarcelación de Álvaro Uribe Vélez y la precampaña presidencial donde el progresismo persigue un segundo mandato. Por ello, entre diversas hipótesis, este atentado se puede interpretar como parte de la mutación definitiva del conflicto armado y sus actores en el tránsito de la conflictividad rural a la urbana, que impactará en lo nacional en la medida de que sean afectados intereses económicos lícitos e ilícitos nacionales y transnacionales.
Este análisis con perspectiva histórica no impide exigir a los actores armados un alto al fuego, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos y acciones de paz concretas.
Aportes de la Comisión de la Verdad para entender el conflicto
Giraldo Vanegas Muñoz en su libro La saga del narcotráfico en Cali, 1950-2018 registró que el narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante o Rasguño dijo ante la justicia de Estados Unidos que el 80 % de los comandantes de las fuerzas militares, la policía y el DAS “estuvieron al servicio del narcotráfico”.
El fenómeno de la narcopolítica en lo regional y nacional se insinuó en todas las campañas, no solo en el proceso 8000 de la campaña de Ernesto Samper (1994-1998). Desde 1977 en los cables enviados al gobierno de los Estados Unidos se informaba de posibles relacionamientos con campañas anteriores. A pesar de que la CIA investigó en 1993 la implicación del Cartel de Cali en el Estado, estos archivos aún no han sido desclasificados.
Cali adentro: capital de la resistencia sindical y universitaria
En la década de los setenta en Cali el auge de los paros sindicales, huelgas universitarias y movilización social fueron reprimidas con tratamiento de guerra, lo cual atomizó la lucha sindical al menos por una década más. En la entrevista 216-PR-00787 de la Comisión de la Verdad un testigo y periodista afirmó que “Los peores criminales del Ejército los tuvimos en Cali, en la Tercera Brigada”, y que el grupo Muerte a Homosexuales Peligrosos (Mahope) se armó con dineros de la clase pudiente de la ciudad.
El discurso del alcalde de Cali sobre la narcoguerrilla
El término “narcoguerrilla” fue acuñado por Lewis Tambs, embajador de Estados Unidos en 1984 cuando fue desmantelado Tranquilandia. El general Hárold Bedoya Pizarro en el prólogo de la primera edición de El cartel de las FARC de Luis Alberto Villamarín Pulido fortaleció la categoría “narcoguerrilla” y “narcosubversión”.
Bedoya impulsó la doctrina del aniquilamiento y denigración del enemigo basado en que las FARC-EP eran unos “gánsteres con ruana”. En los noventa detrás de estas categorías hubo un cambio paradójico en la interpretación del conflicto. Aunque Estados Unidos asumió que los paramilitares tenían el mayor porcentaje del negocio del narcotráfico después de la desaparición de los carteles de Cali y Medellín, el discurso que salió fortalecido fue el de narcoguerrilla.
Si bien estamos ante dos escenarios y actores totalmente diferentes, reconocer las raíces discursivas contribuye a mantener abierta la puerta de la paz con justicia social. El balance feminista de derechos humanos en Cali a partir del Acuerdo de Paz (2016); las hipótesis sobre la reconfiguración del conflicto en el sur del Valle y la expansión del EGC merecen un análisis aparte, igual que la estrategia discursiva para omitir la violencia estructural con la aplanadora del terrorismo sobre tres actores armados diferentes.
