Nury Martínez
En febrero de 2026, Colombia será sede de un hecho histórico: la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR, convocada por el Gobierno colombiano con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y gobiernos aliados.
Este evento representa un acto de liderazgo internacional del gobierno del cambio en cabeza de la ministra de Agricultura Martha Carvajalino. Además, sitúa en el centro del debate global la urgente necesidad de transformar el modelo agrario, combatir el hambre y construir justicia social desde el campo.
A veinte años de la Primera Conferencia realizada en Porto Alegre, que dio lugar a la construcción de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, esta nueva edición llega en un momento clave tanto para el país como para el planeta.
El gobierno colombiano, a partir del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ha asumido con responsabilidad y visión el impulso de esta conferencia. El apoyo institucional es claro: avanzar en la distribución democrática de la tierra, reconocer la agricultura campesina, frenar el despojo y promover un desarrollo rural con enfoque territorial y de derechos. Es una acción política concreta que abre caminos.
El éxito de esta conferencia depende, en especial, de la fuerza del movimiento campesino, indígena, afrodescendiente y popular que ha enarbolado, en décadas de lucha, las banderas de la reforma agraria. Representa una oportunidad para fortalecer la alianza estratégica entre el Estado y el sujeto agrario, una articulación basada en el respeto mutuo, la escucha activa y la acción conjunta.
Desde Fensuagro, La Vía Campesina y las organizaciones que integramos este proceso, entendemos esta cita internacional como una plataforma para profundizar el Pacto por la Vida y el Territorio: una hoja de ruta construida desde abajo, con las voces del campo. Hablamos de una reforma agraria integral que no se limite a la entrega de hectáreas de tierras, sino que redistribuya el poder, reconozca la cultura campesina y garantice el derecho a producir alimentos para el pueblo.
Hoy más que nunca, la democratización del acceso a la tierra es clave para enfrentar el hambre. La agricultura campesina es la que alimenta a la mayoría del pueblo colombiano, no las corporaciones. Sin embargo, mientras la tierra se concentra en pocas manos y se impone el modelo agroindustrial, nuestras comunidades resisten el despojo, el extractivismo y la mercantilización de la vida. Esta conferencia debe denunciar esta realidad y trazar caminos hacia la soberanía alimentaria.
Colombia tiene una oportunidad histórica de mostrar que sí es posible una reforma agraria para la paz, la vida y la justicia social; que el gobierno y el movimiento social pueden actuar como un solo equipo, unidos por el horizonte común de un campo vivo, diverso y con dignidad.
Que la tierra vuelva a manos de quienes la cuidan y la trabajan. Esta conferencia fortalecerá un nuevo ciclo de lucha, articulación y transformación para los pueblos del mundo.
