Gabriel Becerra
gabocolombia@gmail.com
El pasado 27 de mayo de 2025, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley “por medio del cual se establece el día nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y se dictan otras disposiciones”. Esta ley designa oficialmente el 11 de octubre como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de la UP, además, define pautas para su conmemoración, actividades de difusión y medidas simbólicas de reparación a las víctimas y sus familias.
Este logro, impulsado por la bancada de la UP, representa una victoria para las víctimas, tras más de veinte años de intentos legislativos fallidos. Es también el cumplimiento de una deuda histórica del Congreso de la República, en concordancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2023, la cual ordenó al Estado establecer un día nacional para recordar a las víctimas y promover actividades pedagógicas y conmemorativas.
La futura ley consta de trece artículos que definen su objeto, alcance, finalidad y mecanismos de participación. Entre sus disposiciones, se ordena que instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel básico hasta el superior, se vinculen a esta conmemoración. Para ello, deberán promover reflexiones pedagógicas sobre el impacto del genocidio de la UP en la democracia colombiana, de acuerdo con lineamientos del Ministerio de Educación.
Asimismo, se autoriza la participación de canales de televisión, emisoras radiales y plataformas digitales del sistema de medios públicos para difundir contenidos conmemorativos en horarios de alta audiencia. Estos contenidos deberán dignificar a las víctimas y sensibilizar a la sociedad frente a la violencia, persecución y estigmatización sufridas. Además, se estipula que cada 11 de octubre, todas las redes sociales estatales publiquen un mensaje que informe sobre la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP, en el que se incluya un enlace al texto de la sentencia de la CIDH.
La ley también establece la realización anual, en octubre, de la Cátedra para la Democracia en el Congreso de la República, a cargo del Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos (CAEL). Además, se desarrollará un inventario nacional que recoja la iconografía y los lugares de memoria relacionados con las víctimas del genocidio.
Finalmente, se dispone la realización de un acto de desagravio en el Congreso, donde se entregará la Ley en letra de estilo a las víctimas y sus familiares, como parte de una ceremonia solemne y protocolaria.
