José Ramón Llanos
Colombia vive un momento crítico. Muchos son los problemas que afronta, pero dos son los que más están afectando la vida y la convivencia. El primero el problema de la pandemia, las innumerables personas afectadas y los miles de ciudadanos fallecidos. El otro relacionado con el anterior es la ineptitud del presidente y su compromiso por defender las utilidades del empresariado y su indiferencia ante los padecimientos de los afectados por el covid-19 y los miles de muertos que ha causado.
El Gobierno ni siquiera ha sido capaz de analizar las experiencias de países que superaron rápidamente el covid-19 como la China o Vietnam. De China recordamos que desde abril del 2019 había determinado movilizar a las sociedades de psiquiatras y psicólogos para atender los problemas de depresión y otras morbilidades similares. Ahora se pretende convocar a clases presenciales a los prescolares y estudiantes de secundaria con el pretexto de que los niños y jóvenes están aquejados psicológicamente por el confinamiento.
Si se hubiera tenido en cuenta la experiencia china el Gobierno hubiera podido convocar a psicólogos y psiquiatras para que hubieran dado las orientaciones necesarias para disminuir las posibilidades de que niños y jóvenes fueran afectados por el confinamiento. Algunos países restructuraron los programas de radio y televisión para llegar a los estudiantes confinados a que tuvieran oportunidad de acceder a esos programas diseñados para reducir las tensiones y frustraciones causadas por el confinamiento y la falta de contactos con sus compañeros de estudios. En Colombia nada de esa naturaleza se proyectó.
Para complicar aún más la situación la ministra de Educación pretende que vuelvan los niños y jóvenes a clases presenciales para evitarles depresiones y ansiedades. ¿Acaso las vidas de los niños no importan? Cómo quien dice mejor que mueran de covid-19 para evitar problemas de conductas que pueden ser minimizados. Es lógico que esa no es solución. Además, sabemos que el llamamiento a clases presenciales no está motivado por la causa expresada, es otra la causa. La razón de esa riesgosa y absurda decisión es la concepción autoritaria de gobierno que tiene la ministra de Educación María Angulo. Afortunadamente ese autoritarismo tiene un férreo muro de contención: la ADE.
Los colombianos tenemos otro problema que está determinando los altos niveles de morbilidad y de muertos que está diezmando la población, es el sometimiento absoluto del Gobierno a las imposiciones del empresariado en lo relacionado con las políticas para manejar la pandemia. Si Iván Duque hubiese decretado un confinamiento temprano y durante el tiempo necesario hoy no tuviéramos los miles de muertos y los millones de afectados que padecemos. Pero infortunadamente los empresarios exigieron el cese prematuro del confinamiento y el Gobierno obedeció.
¿Qué debemos hacer los sectores conscientes de la hecatombe que se nos viene? Exigirle al Gobierno que decrete un cierre drástico y extenso como lo están haciendo Alemania, Bélgica, Francia e Italia: cierre de fronteras, de preescolares, secundaria, universidades, restaurantes, bares y comercio no esencial y toque de queda. Para que se concrete la exigencia hay que ponerle pueblo en las calles, con todas las medidas de precaución. Para aumentar la audiencia, como diría Zalamea, hay que convocar al sindicalismo, a los defensores de derechos humanos, a las mujeres, a los indígenas a los estudiantes. El Pacto Histórico debe afrontar ese reto.
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